NOTAS DEL UNIVERSAL:

Una nueva república
Jesús González Schmal
14 de octubre de 2006

E l Frente Amplio Progresista nació el 16 de septiembre, en la magna concentración popular del zócalo de la ciudad capital, en la que ciudadanos de toda la República, constituidos en Convención Nacional Democrática, resolvieron proseguir el esfuerzo de unidad, de definición ideológica y de objetivos que había conseguido la coalición Por el Bien de Todos. La fase electoral concluyó el 6 de septiembre con la absurda resolución del TEPJF, que activó una inconformidad nacional cuyos alcances apenas se vislumbran. Se requería darle secuencia y viabilidad al potencial político comprometido en las largas jornadas de campaña nacional.

La rendición de protesta del presidente legítimo en la persona de Andrés Manuel López Obrador desencadenará acciones en el marco de la resistencia civil pacífica que se irán propagando como círculos concéntricos en el territorio nacional. El curso de esta estrategia estará condicionado a lo que ocurra el 1 de diciembre y el resultado que arroje el pendiente recuento ciudadano de votos, que se exige de la documentación que controla el IFE y que, al amparo del derecho a la información, tendrá que resolver favorablemente el Tribunal Colegiado que conoce en revisión dicha demanda popular.

El Frente Amplio acometerá a su vez tareas de intenso trabajo político para conseguir la amplitud, no sólo de los tres partidos que inicialmente lo promovieron e inscribieron ante el IFE, sino del mayor número de organizaciones ciudadanas con la finalidad de que la plataforma presentada por la coalición Por el Bien de Todos se enriquezca de nuevas aportaciones y se puedan trasladar al ámbito del Congreso, para su realización en reformas legislativas de fondo, a través de los grupos parlamentarios de los tres partidos.

Temas tan importantes como la creación de una entidad estatal en donde ahora existe el DF; la procuración de justicia efectiva, expedita y humanizadora; la administración de justicia imparcial, proba y ajustada a derecho; así como la coordinación y eficacia en los tres ordenes de gobierno en materia de seguridad pública; y un conjunto de reformas e innovaciones que se requieren, podrán lograrse con el más amplio respaldo ciudadano que ejercerá su derecho al plebiscito en las leyes y al referéndum, en las decisiones políticas trascendentes.

En el camino de estos esfuerzos, lo más importante será el espíritu que los anima. Si existe la experiencia de un fraude electoral que abre heridas al sentimiento nacional de quienes habían confiado en el cambio, la respuesta puede ser la insurrección o la reconstrucción con el compromiso de un trabajo cívico-político de gran envergadura. Como lo dijo AMLO en el aniversario de la Independencia: "hoy es un día histórico, se ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios, y se han sentado las bases para la construcción y edificación de una nueva República...".

Esa nueva República será la idea motor de una inmensa articulación de voluntades dispuestas a sacudirse el egoísmo para sobreponer los intereses comunitarios, y remontar estructuras añejas que propician el desorden, la inseguridad, inestabilidad e ingobernabilidad. El interés superior de una nación merece este compromiso de sus hijos que todavía creen que la titularidad del derecho soberano les pertenece.

Será un precedente fundamental en esta línea política, el lograr que no quede impune el truculento proceder de la administración de justicia electoral. Es así, como lo sostiene el jurista Raúl Carrancá y Rivas, la resolución del TEPJF que supeditó su resolución a las disposiciones de la ley reglamentaria, ignorando los imperativos constitucionales de primera jerarquía e ineludibles en la más elemental lógica jurídica; no debe pasar desapercibido, por el daño que entraña a nuestro futuro democrático.

Los magistrados del TEPJF deben ser sujetos a juicio político porque, habiendo protestado guardar la Constitución, su conducta ha redundado en perjuicio de los "intereses públicos fundamentales y de su buen despacho". A ninguno de ellos le estaba permitido ignorar los principios ineludibles a los que debe someterse una elección. Haberlo hecho, y consumar el despojo, sin querer recontar los votos para satisfacer el principio constitucional de certeza, constituye una responsabilidad que la memoria nacional no podrá perdonar.

Abogado


Democracia violentada
Rosa Albina Garavito
14 de octubre de 2006

L os avances logrados para resolver el conflicto en Oaxaca mediante el diálogo de la Secretaría de Gobernación con la APPO y la sección 22 del SNTE, pueden evaporarse si el Senado no declara la desaparición de poderes en esa entidad. Los dirigentes panistas que reclaman el uso de la fuerza pública están apoyando la permanencia de los poderes caciquiles. Se trata de una derecha antidemocrática, torpe y miope que puede llevar a que estallidos sociales como el de Oaxaca se extiendan en el país. El generalizado deterioro de las condiciones de vida del pueblo es terreno fértil para que ello suceda.

Una de las estrategias del gobierno federal es aportar los recursos necesarios para cumplir con la vieja demanda magisterial (¡30 años!) de la rezonificación salarial y con ello dividir al movimiento popular. Sin embargo, es evidente que el pueblo oaxaqueño ha aprendido que si no es capaz de democratizar su entidad, tampoco logrará mejorar sus condiciones de vida. Por ello su exigencia de redistribuir el poder hacia la sociedad, y de que sus demandas se sinteticen en la salida del gobernador Ulises Ruiz. En otras palabras, el objetivo fundamental del movimiento es poner fin a un cacicazgo político y permitir que la sociedad empiece a incidir en los destinos de su entidad.

Y como no existe la figura de revocación de mandato, quienes pretenden que la democracia se agote en el acto de elegir a los gobernantes, sostienen que la salida de Ulises Ruiz equivaldría a ceder a una presión ilegal. No hay duda de que es necesario aprobar legalmente la revocación de mandato y otras figuras de democracia directa, pero es igualmente necesario atender la demanda central sostenida por la APPO y la sección 22 del SNTE. Las reformas a los regímenes políticos vienen después de que el problema al que atienden se ha ya manifestado de manera patente en la sociedad, y en muchas ocasiones de forma violenta. La historia política de nuestro país está llena de ejemplos al respecto. Sin el movimiento de 1968, y sin la guerrilla de la década de los 70, ¿se podría explicar el ciclo de reformas políticas iniciado en 1977? ¡Por supuesto que no! Seguramente, uno de los resultados nacionales de la lucha actual en Oaxaca será la aprobación de la revocación de mandato, pero mientras eso sucede, y en tanto el gobernador se resiste a solicitar licencia, lo que procede es que el Senado haga la declaratoria legal que corresponde a la realidad del estado: la desaparición de poderes.

En las próximas horas la comisión del Senado formada para el caso, presentará su informe sobre la observación realizada en la capital de Oaxaca. Sería lamentable que los senadores se limitaran a consignar la existencia física de los tres poderes, sin llegar a la conclusión de que dichos poderes no están cumpliendo con el espíritu y las normas establecidas por los artículos 39 y 115 constitucionales. Es evidente que el gobierno no ejerce el poder en beneficio del pueblo, quien se lo delegó mediante la democracia representativa; y es también evidente que la soberanía popular ha sido violentada mediante el uso faccioso del poder, con lo cual se ha roto el pacto federal que establece que el régimen de las entidades es republicano, representativo y popular.

A la luz de estos preceptos, tendrían los senadores que preguntarse en beneficio de quién se ejerce el poder público en Oaxaca, y constatar que cuando esa función pública se pervierte porque así conviene a la permanencia de un cacicazgo político, el resultado es la ingobernabilidad y la alteración permanente de la paz social, situación de la cual el país ha sido testigo durante los últimos cinco meses. Bastaría la fotografía del policía irregular que dispara contra manifestantes el miércoles pasado para ilustrar que los fines del gobierno en Oaxaca se han desvirtuado y que, conforme a nuestra ley suprema, en esa entidad los poderes no existen. Alegar que una declaratoria así del Senado pone en peligro a otros gobernadores no es más que el cínico reconocimiento de los poderes caciquiles en México.

Consejera nacional emérita del PRD


El muro de Tabasco
Porfirio Muñoz Ledo
14 de octubre de 2006

H ace apenas una semana, recordábamos en Madrid los avatares de la contienda electoral de Tabasco de 1988 con algunos de quienes entonces acudieron a observarla. En particular con María Teresa de Borbón, apasionada politóloga española que se ha especializado en el seguimiento de las transiciones democráticas más trabajosas e imperfectas, tanto en América Latina como en los países árabes.

Evocábamos la sobrecarga emotiva que sacudió por vez primera, con motivo de comicios locales, a una entidad en la que el partido del gobierno había ejercido una dominación monolítica.

El desprendimiento ocurrido bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador la convirtió en el epicentro de la transformación democrática del país, a semejanza del papel que le correspondió en los inicios de la lucha armada, que hizo exclamar al general Francisco J. Mújica: "Tabasco es el laboratorio de la Revolución".

En su libro Cambios en México la autora asienta como referencia: "En Tabasco el gobierno establece las reglas del poder. En cada municipio unos cuantos personajes, necesariamente oligarcas, han conformado los grupos que disponen del poder municipal".

Desde su perspectiva, la batalla por la democratización de la entidad es la respuesta popular a una altísima concentración de la propiedad y la riqueza, sobre la que se asienta un autoritarismo implacable. También, que el mapa de la pobreza en medio de la feracidad de la naturaleza, define una mayoría social cuya vía de liberación no puede ser otra que las urnas electorales.

Casi nada ha cambiado desde entonces, a pesar de las ínsulas de autoridad local que la oposición ha arrebatado al sistema, pero que merced a los mecanismos de distribución de los recursos fiscales, no han alcanzado a mejorar la condición de los habitantes.

Narra la variada gama de triquiñuelas, presiones, cohechos y difamaciones de las que se vale el PRI para torcer el sentido de la elección. Cita el artículo de un diario nacional que reseña las acusaciones del partido oficial contra el FDN por "incitar a la violencia". Otro afirma: "Poco más de mil personas enardecidas por el llamado hecho por Porfirio Muñoz Ledo se dieron a la tarea de causar destrozos en vehículos, casas y edificios públicos". El enviado Pablo Hiriart sostiene que tales prácticas "sólo se entienden en los grupos que saben que no podrán llegar a ejercer el poder político".

Califica la agresiva cerrazón desplegada por el oficialismo como una "contrarreforma electoral, tanto más grave cuanto mayor es el descontento popular". Atribuye ese cerco político a una reacción defensiva frente a la eclosión de la izquierda en las elecciones federales, que tomó al gobierno por sorpresa. Cita a Carlos Monsiváis: "El PRI se propuso en Tabasco mostrar que el 6 de julio fue un fenómeno incidental y que la democracia no es tema prioritario". Así desmiente -como hoy lo hace el PAN- sus promesas de cambio y reconciliación.

En ese sentido, quien esto escribe dijo en el Senado de la República: "El pueblo de México está buscando la solución pacífica a sus problemas; sería extraordinariamente peligroso defraudarlo y hacerle ver que los caminos de la democracia están cerrados". He ahí de nuevo el mayor peligro que se cierne sobre el país.

Levantar, como se pretende, un muro político en Tabasco e intentar la desarticulación del movimiento democrático en el sureste de la República, por medio de la complicidad del gobierno federal con los más corruptos y tenaces cacicazgos, sería un error imperdonable. Significaría condenar a millones de mexicanos a la miseria y a la impotencia.

Los datos que aporta el candidato de la Coalición, Raúl Ojeda, en su Plan General de Gobierno, son abrumadores. A pesar de que la población de Tabasco crece al ritmo de 1.1% al año, sólo 31% de la población económicamente activa cuenta con empleo, en general precario, y cerca de 40% percibe menos del salario mínimo. El rezago de la calidad educativa es tal que ocupa el último lugar en aprovechamiento escolar y es una de las cuatro entidades con índice de marginación más alto en todo el país.

La insalubridad no es menos injuriosa: el 11.4% de la población no recibe ningún tipo de atención médica y el gasto estatal en salud disminuyó durante el último año. La población indígena es analfabeta en un 40%, mientras el 68% carece de agua entubada y el 90% de drenaje. En el edén prometido se registra el más elevado índice de suicidios del país: 15% de las muertes violentas, el doble de la media nacional.

La radiografía de los sistemas despóticos se expresa casi siempre en términos de degradación social. En ella incuba a su vez la rebeldía que, de no encontrar cauces democráticos para sus exigencias de cambio, más tarde que temprano terminará estallando. Ese es el dilema de las elecciones en Tabasco este domingo.

Ex embajador de México ante la Unión Europea