NOTA OROGINAL PÚBLICO MILENIO
Aunque los panistas de antaño no concibieron la política como una actividad de lucro, muchos de los de hogaño se han valido de los cargos públicos para mejorar de condición económica y hasta de estatus social (hay quien cambió el dominó por el golf). En Jalisco, esta historia comienza en 1995, con la debutante administración de Alberto Cárdenas Jiménez, que hizo una retabulación de los sueldos de la alta burocracia, en los tres poderes (especialmente en el Ejecutivo y el Legislativo), para “acabar” con las compensaciones secretas que sus predecesores cobraban, aparte del sueldo nominal, y las cuales estaban libres de impuestos. Pero salió peor el remedio que la enfermedad, pues los discrecionales sobresueldos no desaparecieron, sino que se sumaron a los salarios oficiales y aún se les agregó una cantidad extra, tanto para paliar la deducción fiscal como para que la percepción total no quedara por abajo de los sueldos de los ejecutivos de la gran empresa.
Y lo hecho por el primer gobierno estatal panista fue imitado de inmediato por las administraciones municipales, de modo que en los distintos niveles de gobierno comenzó a prosperar una burocracia bien cebada, con prestaciones de fábula y percepciones abusivas pero, eso sí, debidamente legalizadas. Y a principios de 2001, cuando estaba por concluir la gestión de Cárdenas Jiménez, éste todavía autorizó el reparto de un “bono por fin de administración” entre funcionarios de primer nivel, lo que implicó una erogación cercana a los 20 millones de pesos. Y ello sin contar los “seguros totales” que el gobernador y sus colaboradores más allegados habían contratado, y no en moneda nacional, sino en dólares. Todo esto lo hizo el mismo señor que poco después y hasta la fecha, ha tronado y retronado contra los “malditos bonos”, pero que en su momento no predicó con el ejemplo, sino todo lo contrario.
Tan disparadas quedaron las percepciones de los altos funcionarios que, cuando llega el relevó sexenal, el nuevo gobernador (Francisco Ramírez Acuña) y la primera Legislatura que lo acompañó (la LVI) se sintieron obligados a crear un comité de evaluación salarial, que “recomendó” un ajusté a la baja, a pesar de lo cual el gobernador sigue ganando más que (el) primer ministro de Inglaterra, o que el presidente del Gobierno de España. Esa misma abusiva situación llevó, en 2004, a que los alcaldes de Guadalajara y Zapopan se adornaran, renunciando “voluntariamente” a algo así como la tercera parte de su sueldo. Lo de los viajes y bonos, es otra historia, muy conocida, del PAN-Gobierno.
Aunque los panistas de antaño no concibieron la política como una actividad de lucro, muchos de los de hogaño se han valido de los cargos públicos para mejorar de condición económica y hasta de estatus social (hay quien cambió el dominó por el golf). En Jalisco, esta historia comienza en 1995, con la debutante administración de Alberto Cárdenas Jiménez, que hizo una retabulación de los sueldos de la alta burocracia, en los tres poderes (especialmente en el Ejecutivo y el Legislativo), para “acabar” con las compensaciones secretas que sus predecesores cobraban, aparte del sueldo nominal, y las cuales estaban libres de impuestos. Pero salió peor el remedio que la enfermedad, pues los discrecionales sobresueldos no desaparecieron, sino que se sumaron a los salarios oficiales y aún se les agregó una cantidad extra, tanto para paliar la deducción fiscal como para que la percepción total no quedara por abajo de los sueldos de los ejecutivos de la gran empresa.
Y lo hecho por el primer gobierno estatal panista fue imitado de inmediato por las administraciones municipales, de modo que en los distintos niveles de gobierno comenzó a prosperar una burocracia bien cebada, con prestaciones de fábula y percepciones abusivas pero, eso sí, debidamente legalizadas. Y a principios de 2001, cuando estaba por concluir la gestión de Cárdenas Jiménez, éste todavía autorizó el reparto de un “bono por fin de administración” entre funcionarios de primer nivel, lo que implicó una erogación cercana a los 20 millones de pesos. Y ello sin contar los “seguros totales” que el gobernador y sus colaboradores más allegados habían contratado, y no en moneda nacional, sino en dólares. Todo esto lo hizo el mismo señor que poco después y hasta la fecha, ha tronado y retronado contra los “malditos bonos”, pero que en su momento no predicó con el ejemplo, sino todo lo contrario.
Tan disparadas quedaron las percepciones de los altos funcionarios que, cuando llega el relevó sexenal, el nuevo gobernador (Francisco Ramírez Acuña) y la primera Legislatura que lo acompañó (la LVI) se sintieron obligados a crear un comité de evaluación salarial, que “recomendó” un ajusté a la baja, a pesar de lo cual el gobernador sigue ganando más que (el) primer ministro de Inglaterra, o que el presidente del Gobierno de España. Esa misma abusiva situación llevó, en 2004, a que los alcaldes de Guadalajara y Zapopan se adornaran, renunciando “voluntariamente” a algo así como la tercera parte de su sueldo. Lo de los viajes y bonos, es otra historia, muy conocida, del PAN-Gobierno.
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