EL YUNQUE Y EL DESMANTELAMIENTO DEL ISOSA

Nota original: Contralinea

Desmantelamiento de ISOSA
Zósimo Camacho Ante el conocimiento de la opinión pública de la existencia de ISOSA y la demanda de transparentar sus operaciones, la compañía inició en 2003 un “proceso de reestructuración”. Formalmente se trataba de una reorganización de la empresa para hacer más eficiente su desempeño; sin embargo, archivos del director de Operaciones de la entidad, asesinado el pasado 29 de agosto, dan cuenta de que el objetivo era desmantelarla y cerrarla sigilosamente

La “reestructuración” de la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), creada en 1993 por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para administrar miles de millones de pesos provenientes del Derecho de Trámite Aduanero, fue en realidad el procedimiento para finiquitar a la polémica compañía y eliminar evidencias de las irregularidades en que presuntamente incurrió.

El proceso de “reestructuración” consistió en la cancelación de cientos de plazas y el cierre de oficinas. Sin embargo, los recursos recibidos por la empresa, provenientes del cobro aduanal, no sólo no cesaron sino que durante el sexenio de Vicente Fox se incrementaron año con año. Ello a pesar del anuncio del fin de la empresa y la creación del nuevo Fideicomiso para Administrar la Contraprestación de la Ley Aduanera (Contralínea 52).

Archivos del ex director de Operaciones de ISOSA, Francisco Obel Villarreal Antelo, decomisados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de los cuales Contralínea posee copia, dan cuenta del desmantelamiento de la empresa y de los estragos en la Dirección que encabezaba el ingeniero en computación asesinado el 29 de agosto pasado.
Cientos de empleados de todas las áreas fueron despedidos por “problemáticos” y “tener mala actitud”, pero sus plazas nunca se volvieron a cubrir. En los archivos de Villarreal Antelo se encuentran decenas de “listas negras” elaboradas de 1999 a 2004 en las que aparecen personas contratadas desde 1993 y 1994, cuando se creó la empresa y se diseñó la estructura que por más de una década administró miles de millones de pesos que debieron haber entrado al erario público.
Y es que la estructura de ISOSA se cimbró cuando se empezaron a documentar las irregularidades con las que la empresa operaba.
A fines de marzo de 2003 se presentó el Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2001, de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se presumía un daño patrimonial al erario público por más de 4 mil millones de pesos en que habría incurrido ISOSA. Además, Eduardo Romero Ramos había sido designado secretario de la Función Pública en sustitución de Francisco Barrio. Con ello, las irregularidades de la compañía podrían quedar totalmente al descubierto.
Esa incertidumbre se reflejó en la serie de cartas de agradecimiento por aumento salarial enviadas de gerencias regionales a la Gerencia Nacional de Aduanas, encabezada entonces por Francisco Obel Villarreal Antelo. En las misivas, fechadas el 18 de agosto de 2003, todas las gerencias aluden a “los momentos difíciles” por los que atraviesa la empresa y a la posibilidad de que ésta desaparezca.
Así, tan sólo en la DC-TRIARA, oficina dependiente de la Dirección de Operaciones y en la que a principios de 2004 había 93 empleados, se cancelaron 77 plazas el 31 de marzo de ese año. Los puestos prescindibles fueron los de “capturistas”, “técnicos en mantenimiento” y “operadores de computadora”. Los 16 que conservaron su empleo fueron el gerente, el superintendente, los especialistas, supervisores y técnicos en software. Es decir, los mandos medio y superior conservaron su trabajo.
De acuerdo con un memorándum del 16 de febrero de 2004, enviado al director general de ISOSA, Gustavo Argil Carriles, de parte de la entonces titular de la Dirección de Operaciones, Susana Reyna Salinas, la “Reestructura de personal en la Dirección de Operaciones” constaría de dos etapas. En ambas se cancelarían decenas de empleos.
El documento dice: “Se propone efectuar una disminución de personal dirigido a aquellos empleados que son identificados como función no necesaria, problemáticos y que muestran un bajo interés por seguir colaborando con la empresa”. Para ello se agregan dos listas de los prescindibles.
En efecto, en listados adjuntos se encuentran los nombres de los “problemáticos” y un reporte puntual de su conducta: fechas y horarios de cuando tienen actitudes “que les hacen distraerse de sus labores”, realizan llamadas telefónicas, “chatean” y “salen de compras”.
La segunda etapa, que iniciaría a mediados de 2005, buscaría deshacerse de más plazas: “Se está considerando la definición de estructuras en las áreas operativas y técnicas centrales en CPN, además de un evento más de disminución de personal, que nos permitirá un ahorro en nómina. Una vez concluido el análisis y definición, se pondrá a su consideración. Es importante reiterar que la nómina actual se reducirá en un porcentaje por definir”.
El documento “Consideraciones para la estimación de reducciones por grupo sumario al presupuesto de 2004” da cuenta de la reducción de la plantilla en 18 por ciento en menos de un año en los Centros de Administración Tecnológica (CAT) y en 50 en el Servicio Central (Cen), ambas áreas dependientes de la Dirección de Operaciones.
El archivo informa que en el Cen “se disminuyen las funciones y tareas a realizar por el personal en un 40 por ciento, por lo que se reduce la necesidad de viajar de regionales a locales y de la nacional a las regionales”; mientras que en el CAT “ya no tenemos la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura de registros y canalizaciones, por lo que se estima una reducción en los viajes del 20 por ciento”.
Entre otras reducciones contempladas se encuentran también “una disminución en los requerimientos de papelería, paquetería y correo; estacionamientos y combustibles y lubricantes proporcional a la reducción del personal del 51 por ciento para el Cen y de 18 por ciento para el CAT”.

Cerrar expediente: la meta

El 11 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA) y los fideicomisos privados Aduanas I y II se encuentran en proceso de liquidación y que para finales de noviembre quedará cerrado, en definitiva, el expediente.
Aunque la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos detalla que, desde su creación, estos fideicomisos fueron constituidos como privados, “la SFP nunca ha considerado recomendable que funcionarios públicos administren recursos privados sin estar sometidos a las normas administrativas de responsabilidades, transparencia y de rendición de cuentas”.
El desacuerdo se debe a que la SFP ha documentado ampliamente que los operadores de los fideicomisos y la empresa privados son funcionarios (Francisco Gil Díaz, Ismael Gómez Gordillo, Tomás Ruiz, José María Zubiría Maqueo, entre otros). Más aún, en 1993 quien los crea es Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.
La SFP señala que “desde el principio de este sexenio la dependencia inició las diligencias para modificar este instrumento bancario, y a partir de 2002 se llevaron a cabo las gestiones necesarias para transformar de privados a públicos los regímenes jurídicos de (los fideicomisos) Aduanas I y II, así como de ISOSA, lo cual no se logró”.
Añade que “desde agosto de 2004 los fideicomisos dejaron de recibir fondos para que ahora estos recursos sean administrados por un nuevo fideicomiso, enteramente público y transparente, denominado Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera”.
En su comunicado de prensa, la SFP advierte que la Secretaría de Hacienda ofreció concluir el proceso de liquidación de los fideicomisos Aduanas I y II, así como ISOSA, antes del fin de este sexenio. “Sobre este particular, el presidente Vicente Fox Quesada instruyó de manera precisa que, aunque los recursos sean privados, si son administrados por servidores públicos su gestión tiene que estar sometida a leyes de transparencia y rendición de cuentas. Esto no es negociable”.
La divergencia entre el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el secretario de Hacienda, Gil Díaz, llegó a su punto máximo en diciembre de 2003. En esa época Romero Ramos solicitó a Fox Quesada su intervención para “legalizar” el doloso esquema.
Y es que de acuerdo con las auditorías practicadas por la SFP, a las que Contralínea tuvo
acceso por medio de la Ley de Transparencia, Hacienda sí defraudó a la nación al no enterar a la Tesorería de la Federación los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, que desde 1993 se triangularon a los fideicomisos Aduanas I y II y a la empresa ISOSA.