MARIO GALVEZ ESCRIBE:
Imparable violencia
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Entre los numerosos pasivos que dejará el sexenio de Vicente Fox se encuentra el de la inseguridad pública.
Ningún otro gobierno federal había exhibido al final de su gestión las escalofriantes cifras que exhibe el foxista: miles de ajusticiados y no hay más que unos cuantos detenidos.
Más del 95 por ciento de los crímenes que se presume fueron cometidos por el crimen organizado está en punto muerto pues no hay investigación alguna.
Las autoridades estatales y federales se han desligado de toda investigación respecto a los llamados ajusticiamientos, lo que ha creado en los hechos una especie de ley paralela a la institucional que actúa con plena autonomía e independencia del Estado y es administrada por el crimen organizado.
El número de casos aclarados por las autoridades es prácticamente cero, pues los ajustes de cuentas entre mafiosos no caen o no parecen caer en la esfera de competencia de las procuradurías de justicia.
Son crímenes que la autoridad no investiga y muchos menos aclara.
La indolencia exhibida por la administración foxista en el combate a la delincuencia organizada raya en la franca complicidad.
Los presupuestos asignados a las entidades federativas no sólo se redujeron drásticamente a lo largo del sexenio, sino que el número de agentes federales en activo es ridículamente bajo: 700 miembros de la AFI para todo el territorio nacional y apenas 40 para Coahuila.
¿Qué se puede hacer en contra de la delincuencia organizada con semejante estado de cosas?
Por eso mismo ha crecido de modo exponencial el narcomenudeo en el país, y ya es hoy por hoy el principal problema de inseguridad pública.
El número de agentes efectivos de la AFI pone al desnudo el verdadero desinterés mostrado por la administración foxista en materia de inseguridad, lo cual no puede menos que resultar sospechoso ya que con ello se alentó objetivamente al crimen organizado.
En boca de Fox la inseguridad pública sólo fue un pretexto electoral pues los resultados de su actuación como gobierno están a la vista:
no sólo es imparable la violencia, sino que la incompetencia de las autoridades sólo ha provocado más crímenes, más impunidad y un mayor salvajismo.
En efecto, la falta de eficacia gubernamental en el combate al crimen organizado ha llevado a que las reglas del juego sean las que impone la propia delincuencia y no las autoridades y los jueces.
La impunidad sólo genera más violencia y más crímenes.
La clase política se siente ajena a ese infierno de violencia e inseguridad en el que viven -o sobreviven- millones de mexicanos.
El crimen organizado actúa sin temor alguno a la autoridad, y antes por el contrario es ésta la que se siente temerosa de la actuación impune y violenta de los sicarios.
En Uruapan, Michoacán, de un día para otro renunció toda la policía preventiva ante el temor de los ajusticiamientos del hampa.
Pero la impunidad ha degenerado también en un mayor salvajismo: ya no se trata de acabar con el enemigo, sino de infundir terror entre la población y sobre todo entre los adversarios.
Las decapitaciones y las huellas visibles de tortura en los cuerpos de los ajusticiados son evidencia de que la violencia es cualitativamente diferente y de orientación terrorista.
Y ante esta creciente brutalidad la autoridad se encuentra paralizada por el miedo.
Y en tales condiciones es la delincuencia la que sienta sus reales, ante la mirada atónita de la sociedad.
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