La nota es que un cardenal mexicano, Norberto Rivera, será citado al banquillo de los acusados en un juicio por pedofilia. Los titulares de los medios nos darán el pulso de este escándalo que atraviesa la frontera, y creyentes y no creyentes veremos una versión más de una trama conocida: cómo el poder conspira contra los indefensos.
La violencia sexual es el punto de partida. Un tema conocido por la Iglesia Católica, que arranca esta violencia en el veto a ejercer su sexualidad que impone a sus miembros, ámbito discutible, pero que finalmente cae en el terreno del libre albedrío de quienes deciden abrazar el ministerio. Lo inaceptable, lo absolutamente inmoral, es que esta violencia sea ejercida por sacerdotes que en sus comunidades tienen un peso de autoridad, del cual se sirven para destruir las vidas de los niños que abusan y de sus familias. Lo hacen en absoluta impunidad, y cuando el escándalo amenaza, entonces la jerarquía católica mete su mano cómplice, los esconde, los protege y pone a nuevas víctimas a su disposición.
No contentos con propagar el mal, los jerarcas católicos usan sus aceitadas relaciones con el Estado mexicano para que la justicia civil no roce a estos delincuentes en sotana. Esto se evidenció en forma por demás burda en el reciente intento de la Secretaría de Gobernación por amedrentar a los abogados de Joaquín Aguilar Méndez, quien denunció en la Corte Superior de California al cardenal Rivera por encubrir al pederasta Nicolás Aguilar, quien abusó de él hace trece años.
Hay quien desestima las denuncias por su número. Si es uno o si son legión poco importa: deben ser detenidos. El expediente negro de la Iglesia Católica es muy amplio, y da mucho rating. Pero aun con todos sus defectos, la Iglesia Católica es más que un montón de violadores sexuales y sus cómplices. Está formada por millones de hombres y mujeres que hacen la diferencia en la vida de otros, la mejoran, en solidaridad y en fraternidad y se avergüenzan ante estos crímenes y la corrupción que los rodea.
Esos ciudadanos no deben callar. Seguir la estrategia del silencio y el ocultamiento que tiene la Iglesia Católica alrededor de este gravísimo problema los convierte en cómplices. La voz de los ciudadanos puede no sólo proteger a futuras víctimas, sino, y sobre todo, apoyar a las que han tenido la valentía de sobreponerse a la devastación que implica el abuso sexual y de denunciar a una Iglesia que los traicionó, y los traiciona con cada minuto que pasa impune.
La violencia sexual es el punto de partida. Un tema conocido por la Iglesia Católica, que arranca esta violencia en el veto a ejercer su sexualidad que impone a sus miembros, ámbito discutible, pero que finalmente cae en el terreno del libre albedrío de quienes deciden abrazar el ministerio. Lo inaceptable, lo absolutamente inmoral, es que esta violencia sea ejercida por sacerdotes que en sus comunidades tienen un peso de autoridad, del cual se sirven para destruir las vidas de los niños que abusan y de sus familias. Lo hacen en absoluta impunidad, y cuando el escándalo amenaza, entonces la jerarquía católica mete su mano cómplice, los esconde, los protege y pone a nuevas víctimas a su disposición.
No contentos con propagar el mal, los jerarcas católicos usan sus aceitadas relaciones con el Estado mexicano para que la justicia civil no roce a estos delincuentes en sotana. Esto se evidenció en forma por demás burda en el reciente intento de la Secretaría de Gobernación por amedrentar a los abogados de Joaquín Aguilar Méndez, quien denunció en la Corte Superior de California al cardenal Rivera por encubrir al pederasta Nicolás Aguilar, quien abusó de él hace trece años.
Hay quien desestima las denuncias por su número. Si es uno o si son legión poco importa: deben ser detenidos. El expediente negro de la Iglesia Católica es muy amplio, y da mucho rating. Pero aun con todos sus defectos, la Iglesia Católica es más que un montón de violadores sexuales y sus cómplices. Está formada por millones de hombres y mujeres que hacen la diferencia en la vida de otros, la mejoran, en solidaridad y en fraternidad y se avergüenzan ante estos crímenes y la corrupción que los rodea.
Esos ciudadanos no deben callar. Seguir la estrategia del silencio y el ocultamiento que tiene la Iglesia Católica alrededor de este gravísimo problema los convierte en cómplices. La voz de los ciudadanos puede no sólo proteger a futuras víctimas, sino, y sobre todo, apoyar a las que han tenido la valentía de sobreponerse a la devastación que implica el abuso sexual y de denunciar a una Iglesia que los traicionó, y los traiciona con cada minuto que pasa impune.
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