De hacer caso a lo dicho por Rubén Aguilar, la crisis oaxaqueña está a punto de resolverse de ‘manera absoluta’ ya que según el vocero presidencial tal cosa ocurrirá ‘antes del 30 de septiembre’.
Sin embargo, el problema es que nadie supone siquiera que tal cosa pudiera llegar a suceder, y menos cuando el paro empresarial de 48 horas (jueves y viernes) fue un fracaso y la APPO tomó ya medidas para reforzar el bloqueo en el centro de la ciudad ante la reiterada versión de que la PFP entraría en acción en cuestión de horas y detendría a los líderes del movimiento.
Pero aun cuando entrara en acción la PFP o incluso el ejército, es claro que ello lejos de resolver el conflicto lo agravaría y se generarían reacciones de violencia de consecuencias imprevisibles.
Como decía José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al caso Oaxaca, el uso de la fuerza es legal y legítimo para prevenir, no para solucionar conflictos políticos.
En otras palabras, el uso preventivo de la fuerza ya pasó y a estas alturas del conflicto su empleo sólo contribuiría a profundizar la inestabilidad política y el estado de ingobernabilidad en la entidad.
Más aún: el uso de la fuerza en las circunstancias actuales podría generar un efecto dominó en los estados vecinos y provocar la generalización del conflicto en la región sureste.
La incompetencia política del gobierno federal ha quedado palmariamente exhibida en este caso. Y el problema de fondo no se resolverá hasta en tanto no salga Ulises Ruiz de la gubernatura, y eso lo saben perfectamente en el gobierno federal y en la Cámara de Senadores; sin embargo, no actúan por conveniencia de panistas y priístas y porque éstos últimos advirtieron a los primeros que si cae Ulises el siguiente en caer sería Calderón.
Lo cierto es que nadie respalda a Ulises.
El vacío político que hay en Oaxaca es total, al punto que el mandatario anda a salto de mata, escondiéndose de sus supuestos gobernados ante la amenaza real de llegar a ser agredido físicamente por los grupos de exaltados de la APPO, que en los hechos no obedecen a nadie como quedó demostrado con la agresión al periodista Ricardo Rocha, quien milagrosamente salió ileso del incidente que tuvo con dichos grupos.
Para defender su incompetencia política la Secretaría de Gobernación ha dicho que la permanencia o no permanencia de Ulises en la gubernatura no tendrá efecto alguno en la crisis:“Oaxaca no será mejor ni peor si se va Ulises; sin embargo, la policía federal irá a aquella entidad como resultado de un acuerdo político, pero no para apuntalar al gobierno del priísta”.
Cierto que por sí misma la salida de Ulises de la gubernatura no resolverá los problemas de fondo en la entidad, pero es claro que sería el primer paso para atender en serio el fondo del conflicto.
Por eso la nueva estrategia federal plantea atacar el problema mediante tres vertientes:
la firma de un acuerdo político con diversos sectores y personajes de la entidad, el cual incluye una significativa disminución del poder del Ejecutivo estatal; un paquete económico para el magisterio, reforma educativa y autonomía presupuestal para este gremio, así como el envío ‘inminente’ de la Policía Federal Preventiva (PFP) para “restablecer el orden, liberar las vías de comunicación y garantizar el libre tránsito”.
Las próximas horas serán claves para determinar cuál será el derrotero de la crisis oaxaqueña.
www.comarca.com.mx
Sin embargo, el problema es que nadie supone siquiera que tal cosa pudiera llegar a suceder, y menos cuando el paro empresarial de 48 horas (jueves y viernes) fue un fracaso y la APPO tomó ya medidas para reforzar el bloqueo en el centro de la ciudad ante la reiterada versión de que la PFP entraría en acción en cuestión de horas y detendría a los líderes del movimiento.
Pero aun cuando entrara en acción la PFP o incluso el ejército, es claro que ello lejos de resolver el conflicto lo agravaría y se generarían reacciones de violencia de consecuencias imprevisibles.
Como decía José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación al caso Oaxaca, el uso de la fuerza es legal y legítimo para prevenir, no para solucionar conflictos políticos.
En otras palabras, el uso preventivo de la fuerza ya pasó y a estas alturas del conflicto su empleo sólo contribuiría a profundizar la inestabilidad política y el estado de ingobernabilidad en la entidad.
Más aún: el uso de la fuerza en las circunstancias actuales podría generar un efecto dominó en los estados vecinos y provocar la generalización del conflicto en la región sureste.
La incompetencia política del gobierno federal ha quedado palmariamente exhibida en este caso. Y el problema de fondo no se resolverá hasta en tanto no salga Ulises Ruiz de la gubernatura, y eso lo saben perfectamente en el gobierno federal y en la Cámara de Senadores; sin embargo, no actúan por conveniencia de panistas y priístas y porque éstos últimos advirtieron a los primeros que si cae Ulises el siguiente en caer sería Calderón.
Lo cierto es que nadie respalda a Ulises.
El vacío político que hay en Oaxaca es total, al punto que el mandatario anda a salto de mata, escondiéndose de sus supuestos gobernados ante la amenaza real de llegar a ser agredido físicamente por los grupos de exaltados de la APPO, que en los hechos no obedecen a nadie como quedó demostrado con la agresión al periodista Ricardo Rocha, quien milagrosamente salió ileso del incidente que tuvo con dichos grupos.
Para defender su incompetencia política la Secretaría de Gobernación ha dicho que la permanencia o no permanencia de Ulises en la gubernatura no tendrá efecto alguno en la crisis:“Oaxaca no será mejor ni peor si se va Ulises; sin embargo, la policía federal irá a aquella entidad como resultado de un acuerdo político, pero no para apuntalar al gobierno del priísta”.
Cierto que por sí misma la salida de Ulises de la gubernatura no resolverá los problemas de fondo en la entidad, pero es claro que sería el primer paso para atender en serio el fondo del conflicto.
Por eso la nueva estrategia federal plantea atacar el problema mediante tres vertientes:
la firma de un acuerdo político con diversos sectores y personajes de la entidad, el cual incluye una significativa disminución del poder del Ejecutivo estatal; un paquete económico para el magisterio, reforma educativa y autonomía presupuestal para este gremio, así como el envío ‘inminente’ de la Policía Federal Preventiva (PFP) para “restablecer el orden, liberar las vías de comunicación y garantizar el libre tránsito”.
Las próximas horas serán claves para determinar cuál será el derrotero de la crisis oaxaqueña.
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