LA SUPREMA SIGUE DANDO CLASES DE ABERRACION POLITICA.

NOS ESCRIBE HILDA:

El pleno de la Suprema Corte discutirá hoy el proyecto
de dictamen sobre las presuntas violaciones a los
derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.

Durante tres meses los magistrados federales Emma Meza
Fonseca y Óscar Vázquez Marín, integrantes de la
comisión que designó la SCJN para investigar este
asunto, recopilaron información sobre la detención y
procesamiento de Lydia Cacho por el delito de
difamación que le imputaba el llamado Rey de la
Mezclilla, Kamel Nacif Borge.

La información se la hicieron llegar al ministro
Guillermo Ortiz Mayagoitia, encargado del proyecto de
sentencia.

Según Ortiz Mayagoitia, no existen elementos ni
pruebas que permitan establecer que se registraron
violaciones graves a los derechos fundamentales de
Cacho durante su detención en Cancún, Quintana Roo, el
16 de diciembre de 2005, y su posterior traslado y
encarcelamiento en la ciudad de Puebla, para que
enfrentara el juicio por difamación.

El ministro basa sus conclusiones en que la única
prueba que vincula al gobernador de Puebla, Mario
Marín, con una presunta confabulación para detener a
Lydia Cacho se obtuvo de manera ilícita.

Dicha prueba son las grabaciones que se difundieron el
pasado 14 de febrero, en las que se revelaron las
conversaciones telefónicas que realizó Mario Marín con
Kamel Nacif.

También, las pláticas por teléfono que tuvo el
empresario con algunos de sus amigos, en las que se
muestra la forma en que operó para que la periodista
fuera detenida.

El proyecto de dictamen generó opiniones encontradas
entre los ministros de la Corte.

Según fuentes del tribunal, se espera que el tema
genere una amplia discusión y una división entre los
ministros que apoyan la propuesta de Ortiz y quienes
pedirán que se realice una nueva investigación o, en
su caso, se declare que el gobernador Mario Marín
incurrió en violaciones a derechos de la periodista.

El sentido del fallo estará determinado por la
respuesta que den los ministros a la pregunta de si la
Corte, en el ejercicio de las facultades que le otorga
el artículo 97 de la Constitución, puede adoptar como
pruebas válidas grabaciones ilícitas de conversaciones
telefónicas.






Hilda Venegas