27-Septiembre-06
Por haber sido desalojados en forma violenta, sin orden de un juez y por haber detenido a 16 personas el 1 de abril pasado, 70 ejidatarios de San Antonio, delegación de Tesistán, en Zapopan, acudieron ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde ratificaron una queja en contra del gobernador Francisco Ramírez Acuña; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Gutiérrez Santillán, y el subdirector de la Policía estatal, Filiberto Ortiz Amador.
Los policías estatales, con apoyo de policías de Zapopan, algunos uniformados y otros vestidos de civil, quemaron dos viviendas y alrededor de 30 casas de campaña, destruyeron los cimientos de otras propiedades y desaparecieron material de construcción que tenían los ejidatarios para edificar sus casas, según denunciaron Nicolás Ávila Gómez, uno de los 16 detenidos, y el abogado de los quejosos, Armando Romero Haro.
Los ejidatarios, que no son reconocidos como tales por las autoridades agrarias, pese a tener dotación de tierras desde 1955, también reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que esté instalando torres de alta tensión sobre sus terrenos, instalaciones que abastecerán de energía eléctrica a la presa de El Cajón, en Nayarit, próxima a ponerse en marcha.
“Al momento que me detuvieron, me exigieron la entrega de dos cuernos de chivo, dos R-15 y dos pistolas. Yo les contesté que nada traía y que me dejaran en libertad. Me dijeron que no me soltarían y me llevaron a un arroyito, el predio se llama San Lorenzo. ‘Ahí me vas a entregar hasta las tripas, porque te voy a sacar las tripas, porque solamente así entienden ustedes’, me amenazó”, reveló Nicolás Ávila Gómez, que junto con las otras quince personas fue puesta en libertad a los tres días.
Al momento del desalojo, algunas esposas de los detenidos presentaron una queja telefónica en la CEDHJ y ayer ratificaron la denuncia, a la que acompañaron fotografías y videos con los abusos policiacos cometidos por los elementos de las policías estatal y de Zapopan.
Quienes reclaman como suyas las 2,400 hectáreas en litigio son Salomón Orozco Ulloa y tres personas más: un hermano y dos sobrinos de aquél.
El desalojo se registró el 1 de abril, apenas al día siguiente de que feneció un amparo federal que tenía en su favor el grupo de ejidatarios.
Guadalajara / Ignacio Pérez Vega
Por haber sido desalojados en forma violenta, sin orden de un juez y por haber detenido a 16 personas el 1 de abril pasado, 70 ejidatarios de San Antonio, delegación de Tesistán, en Zapopan, acudieron ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde ratificaron una queja en contra del gobernador Francisco Ramírez Acuña; el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Gutiérrez Santillán, y el subdirector de la Policía estatal, Filiberto Ortiz Amador.
Los policías estatales, con apoyo de policías de Zapopan, algunos uniformados y otros vestidos de civil, quemaron dos viviendas y alrededor de 30 casas de campaña, destruyeron los cimientos de otras propiedades y desaparecieron material de construcción que tenían los ejidatarios para edificar sus casas, según denunciaron Nicolás Ávila Gómez, uno de los 16 detenidos, y el abogado de los quejosos, Armando Romero Haro.
Los ejidatarios, que no son reconocidos como tales por las autoridades agrarias, pese a tener dotación de tierras desde 1955, también reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que esté instalando torres de alta tensión sobre sus terrenos, instalaciones que abastecerán de energía eléctrica a la presa de El Cajón, en Nayarit, próxima a ponerse en marcha.
“Al momento que me detuvieron, me exigieron la entrega de dos cuernos de chivo, dos R-15 y dos pistolas. Yo les contesté que nada traía y que me dejaran en libertad. Me dijeron que no me soltarían y me llevaron a un arroyito, el predio se llama San Lorenzo. ‘Ahí me vas a entregar hasta las tripas, porque te voy a sacar las tripas, porque solamente así entienden ustedes’, me amenazó”, reveló Nicolás Ávila Gómez, que junto con las otras quince personas fue puesta en libertad a los tres días.
Al momento del desalojo, algunas esposas de los detenidos presentaron una queja telefónica en la CEDHJ y ayer ratificaron la denuncia, a la que acompañaron fotografías y videos con los abusos policiacos cometidos por los elementos de las policías estatal y de Zapopan.
Quienes reclaman como suyas las 2,400 hectáreas en litigio son Salomón Orozco Ulloa y tres personas más: un hermano y dos sobrinos de aquél.
El desalojo se registró el 1 de abril, apenas al día siguiente de que feneció un amparo federal que tenía en su favor el grupo de ejidatarios.
Guadalajara / Ignacio Pérez Vega
COMENTARIO: ¿Estado de Derecho? Qué manera tan civilizada de aplicar la ley, con amenazas de destripar al acusado, ese es el respeto a los derechos humanos en Jalisco. Justificando esas acciones, el gobernador demerita el trabajo de todos los policías y funcionarios que al contrario que él, sí hacen bien su trabajo, y envalentona a los miserables que no merecen el uniforme.
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