GRANADOS CHAPA EN PROCESO.

TRAIDO DE PROCESO:

El liderazgo de López Obrador
Miguel Ángel Granados Chapa

Escribo estas líneas el viernes 15, unas 30 horas antes de que la Convención Nacional Democrática, a reunirse el sábado 16, decida el curso del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y el carácter formal que adquirirá su figura en el futuro. Es decir, la multitud escogerá entre llamarlo Presidente de la República (con algún adjetivo, como legítimo, moral o en rebeldía) o en una opción que el propio López Obrador ha enunciado, designarlo más llana y simplemente "coordinador de la resistencia civil pacífica".

A mi entender, sería preferible que la Convención hubiera practicado el realismo de escoger este último título, que describe con exactitud el papel que López Obrador está llamado a tener en los próximos años. Nombrarlo Presidente sin que lo sea revela, más que un ánimo de protesta, uno de resignación y hasta de añoranza por la oportunidad perdida. Salvo que la resistencia nacional pacífica resuelva, contrariamente a la evidencia dispersa en todo el país, que las elecciones no son el modo menos peor de acceder al gobierno y ejercer el poder por el bien de todos, el movimiento que encabeza López Obrador no debe cancelar el futuro. Es preferible que dentro de seis años intente de nuevo ser Presidente en funciones que contentarse con una designación que lo honre y exprese el sentimiento de sus seguidores pero se resuelva en la marginalidad.

A diferencia de otros candidatos presidenciales que probablemente ganaron su elección pero no les fue reconocido el triunfo, López Obrador ha conseguido transitar la primera etapa posterior a su derrota formal ejerciendo un liderazgo pleno y ampliado. Es verdad que la táctica de bloquear el eje Reforma-Zócalo le restó apoyos en ciertos sectores pero su capacidad de dirección quedó fortalecida entre las bases del movimiento que encabeza. Y la creación del Frente Amplio Progresista (FAP) confirmó su liderazgo en circunstancias adversas.

En diciembre pasado los partidos que integraron la coalición Por el Bien de Todos actuaron movidos por las convicciones y por la conveniencia. El trayecto de López Obrador parecía dirigirse inexorablemente a la Presidencia de la República. Y si bien nadie ignoraba la decisión de los centros de poder político y económico de torcer su camino, como lo había mostrado su desafuero, la expectativa de su triunfo era amplia. Muchos suspicaces, entre los que me cuento, supusieron que al consumarse aquel designio de impedir la victoria de López Obrador, la derrota propiciaría una desbandada. Buena parte de quienes condujeron la campaña y organizaron el apoyo al candidato presidencial habían conseguido sus propósitos particulares y ganaron posiciones legislativas y de gobierno. Satisfechos sus propios intereses quedaban en posición de alejarse de un líder principal que no podía ya ofrecerles más que trabajo tenaz. Considerando que la coalición que unió al PRD, al PT y a Convergencia tenía por su propia naturaleza jurídica vigencia sólo durante el proceso electoral, era previsible que concluido éste cada partido eligiera caminar por su lado. No ha ocurrido así. El frente, una figura reconocida por la legislación electoral, no se limita a propósitos electorales, sino que es una alianza de partidos en pos de objetivos sociales y políticos más allá de los comicios. En 1988, ante la fragilidad del Frente Democrático Nacional que lo había postulado, y que se dispersó prontamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo necesidad de fundar un partido propio, que necesariamente tuvo una dimensión menor que la coalición que lo había postulado. No es el caso ahora.

López Obrador consiguió trazar con mano firme la doble vía por la que transcurrirán sus próximas tareas. Por un lado, la Convención Nacional Democrática, que formalizará la resistencia, es su propia movilización, obedece a su percepción de la lucha social, corresponde a su papel de dirigente que hace política en contacto directo con la gente. Por otra parte, el Frente le permitirá realizar acciones institucionales. No es contradictorio que lo haga quien ha mandado al diablo a ciertas instituciones, porque es claro que se refiere a las podridas y, más precisamente, a muchos de quienes las encarnan. Su renuncia a las faenas políticas regidas por la formalidad legal no puede ser extrema, sus acciones no pueden permanecer sólo en el espacio de la oposición extraparlamentaria. El Frente, los grupos parlamentarios, los gobiernos locales forman parte también, en su lógica y sus características propias, de los activos políticos construidos por la sintonía entre López Obrador y sus seguidores. Sería estéril renunciar a esas porciones de poder, que en el peor de los casos significan resguardo a derechos legítimos, como quedó de manifiesto en la recta conducta del gobierno capitalino ante los bloqueos callejeros, opuesto a practicar la represión que se le demandaba.

Cuando el 25 de agosto de 1991 sus partidarios organizaron su protesta como gobernador moral de San Luis Potosí, el doctor Salvador Nava rechazó el título, sin tener que decirlo. Protestó "como su amigo y servidor leal por todos los años que me restan de vida". Y optó por la continuación de la lucha por una vía distinta de la puramente legal ante los organismos electorales o la resistencia violenta. Escogió -me cito a mí mismo, pues copio un párrafo del libro ¡Nava sí, Zapata no!- la senda "menos vistosa y la de más difícil comprensión. No desmontó el movimiento que encabeza hace más de tres décadas, ni le recomendó resignación, ni que consintiera el fraude y la imposición. Aparte las iniciativas concretas, Nava propuso una política de principios éticos", semejante, digo ahora, a la de transformación que emprenderá la resistencia civil pacífica, encabezada por su coordinador.