NOS ESCRIBE BEATRIZ:
Hola senderistas!!!
Es la primera vez que les escribo y les envio muchos saludotes; el objetivo de mi mail es para comentarles de una noticia que hace unos días escuche en el programa de Carmén Aristeguí; el fascista de Eduardo Bours demandó al periódico sororense EL IMPARCIAL por difamación; la historia es: el periódico para "estrenar" la ley de transparencia en su estado realizó alrededor de 300 solicitudes dentro de las cuales una era para saber la distribución del dinero a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que da el estado de Sonora, como les negarón la información por razones "de seguridad" el periódico saco una nota al respecto donde hace preguntas al aire sobre las ONG's beneficiadas por el gobierno.
Los links son:
NOTA 1
Hermosillo 26° Nublado I Sabado, 2 de Septiembre, 2006. 8:01 AM
Periódico de Hoy
2 de Septiembre del 2006
General - Pág.1
Es pregunta de "primaria" y el Gobierno no responde
Tiene Sonora ley de acceso más opaca del País: IFAI
El Estado debe informar sobre los recursos que destina a ONG: Solís Barrera
Por Shaila Rosagel
srosagel@elimparcial.com
Como una ley opaca en comparación de otros estados de la República Mexicana, calificó a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Laipes), un directivo del IFAI.
El monto que el Gobierno del Estado otorga a las ONG y que se negó a hacer pública el Estado, avalado por el Tribunal Estatal Electoral de Transparencia Informativa (Teeti), es básico y obligatorio trasparentarlo para cualquier Gobierno.
"Es una pregunta de 'primaria' que los gobernantes están obligados a responder, porque se le está pidiendo información sobre la utilización de recursos del erario público", señaló Alejandro Solís Barrera, director de Planeación, Promoción y Vinculación con Estados y Municipios.
El directivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) destacó que a nivel nacional la Ley de Sonora es una de las más opacas y su falla más grande es no contar con un órgano garante autónomo.
La información negada en Sonora sobre los recursos públicos para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es de oficio obligatoria en al menos 17 estados de la República Mexicana, expuso.
La información negada en Sonora sobre los recursos públicos para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es de oficio obligatoria en al menos 17 estados de la República Mexicana, expuso.
Estos estados incluso están obligados por sus leyes de transparencia a colocar en su portal de Internet los nombres de los representantes legales de las ONG y los montos que reciben.
Confunde Bours las ONG... General 2A
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NOTA 2:
Se dice Gobernador difamado por columnista
Demanda Bours a EL IMPARCIAL
Manuel L. Márquez
mmarquezr@elimparcial.com
(PH)
Por considerar que se dañaba su honorabilidad, el gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo, denunció penalmente a EL IMPARCIAL, por un comentario publicado en la columna "Cerro de la Campana".
Como ciudadano, y no como Gobernador, Bours Castelo presentó la querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el pasado lunes 4 de septiembre, con ayuda de su abogado particular, Héctor Madrid Castro.
Según el mandatario estatal, en el apartado dos de la columna "Cerro de la Campana", publicada el 1 de septiembre, donde se cuestionó el porqué no se dan a conocer los apoyos que el Gobierno destina a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tenía "perversas" intenciones.
Eso lo motivó a entablar la denuncia contra quien resulte responsable, con el fin de conocer la identidad del o las personas que elaboran dicha columna y así ejercer acción penal en su contra, por el delito de difamación.
La querella fue interpuesta directamente en la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE y no en la Agencia del Ministerio Público especializado en este tipo de delitos, como lo haría cualquier ciudadano sonorense.
En una pronta respuesta de la PGJE, el 6 de septiembre del 2006 se giraron citatorios para el presidente y director general de Periódicos Healy, Juan Fernando Healy Loera y para el subdirector Editorial de EL IMPARCIAL, Jorge Morales Borbón.
Ambos fueron citados por el fiscal especial de la Procuraduría, Jesús Antonio Molina Ballesteros, quien pidió la comparecencia en calidad de testigos.
La declaración ante el fiscal se llevó a cabo ayer en las instalaciones de la PGJE, donde después de escuchar a los testigos, el Ministerio Público determinó que el subdirector Editorial, Jorge Morales Borbón, pasara de testigo a inculpado en la averiguación previa.
Ejerciendo su derecho constitucional, Morales Borbón, quien estuvo acompañado del abogado Germán Tapia Gámez, se abstuvo de declarar verbalmente, por lo que presentará su defensa por escrito en un plazo de 10 días.
Previo a la diligencia de ayer, el fiscal de la PGJE ofreció a Bours Castelo el recurso legal de conciliación entre las partes querelladas, lo cual rechazó el Gobernador y pidió que siguiera la averiguación previa.
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NOTA 3:
13 de Septiembre de 2006 03:16 AM
No es posible que un gobernador se pueda auto-despojar de su investidura para tomar acciones como ciudadano. El único facultado para ello es el Congreso del Estado.
Por Francisco Rodríguez
El inédito caso de presentar una demanda por difamación a un periódico local, viene a modificar en muchos la opinión que se tenía del Jefe del Ejecutivo Estatal, a quien vemos le salió de nuevo "lo ciudadano".
Quizá tenga su razón, pero no estamos acostumbrados a que un mandatario presente demandas por considerarse difamado por algún comentario de un medio de comunicación.
Se trata del medio más importante en el estado, no solo por su circulación y presencia, sino por la solidez económica y como empresa generadora de cientos de empleos.
Al diario El Imparcial se le ha criticado en incontables ocasiones por supuestas tendencias políticas, pero siempre ha salido airoso de esas acusaciones y se mantiene como el medio impreso de mayor influencia en Hermosillo y Sonora.
Muchos verán este asunto como una intolerancia del Jefe del Ejecutivo Estatal en turno y otros, que sería lo más grave, como el principio de poner en riesgo la libertad de expresión en Sonora.
No discutimos quien tenga la razón, lo que exponemos es la preocupación no únicamente de quienes ejercemos el periodismo sino de gran parte de la sociedad, ante lo que pudiera ser la apertura de una época de limitaciones a la libertad de expresión.
Trastocar, aunque sea levemente ese derecho de todo ciudadano, es sin duda marchar hacia atrás en lo poco o mucho logrado en nuestra sociedad mexicana que supuestamente camina por el sendero de la democracia, donde la libertad de expresión es uno de los baluartes más preciados.
Dejo claro, no estoy defendiendo a El Imparcial ni estoy atacando al Jefe del Ejecutivo, estoy defendiendo el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos, seamos periodistas o no.
La querella presentada por Eduardo Bours, ciudadano, es obvio no será atendida como si fuera cualquier otro ciudadano. Nos guste o no, el asunto lo toman como una demanda del gobernador, el Jefe del Ejecutivo de quien depende la Procuraduría de justicia estatal.
Técnicamente, dicen abogados amigos del Kiosco, la demanda interpuesta tiene tantas deficiencias que definitivamente no procederá.
En primer término, dicen juristas, la investidura de gobernador es permanente por el lapso que marca la ley, es decir seis años, y tal investidura solo se la puede despojar el Congreso del Estado.
Por otra parte, la instancia donde se presentó la demanda es la incorrecta, pues esta debió presentarse ante el ministerio público del fuero común.
La dirección de averiguaciones previas de la procuraduría de justicia estatal no debió aceptar esa demanda.
Y además la crítica del El Imparcial fue al gobierno del estado, o al Jefe del Ejecutivo Estatal, por no transparentar los recursos destinados a las ONG´s, no al ciudadano Eduardo Bours, es decir entonces que la demanda debió ser interpuesta por el estado y no por el ciudadano.
Pero no obstante la opinión de los juristas, en término políticos se considera un desacierto del Gobernador Eduardo Bours demandar por difamación a un medio de comunicación, porque se puede interpretar como intolerancia a las criticas de su administración.
Transparentar las partidas destinadas a las Organizaciones No Gubernamentales, no creo sea cosa del otro mundo, aunque por supuesto serían las propias ONG´s las que pudieran quedar mal paradas ante la sociedad, ya que por un lado se afanan de ser "no gubernamentales" y por otro dependen económicamente del gobierno. Pero ese es otro punto.
Estoy de acuerdo en que existe información que por razones de seguridad no puede ser difundida, pero no creo sea el caso de los recursos económicos destinados a las ONG´s.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la incertidumbre, manifiesta o no, entre quienes ejercemos el periodismo, desde cualquier tribuna, ante la posibilidad de ser demandados por difamación luego de cualquier comentario que resulte incómodo para quienes ostentan el poder.
Y no me refiero exclusivamente al Jefe del Ejecutivo Estatal, porque la puerta se abrió para que cualquier funcionario, del nivel que sea, interponga una demanda si se siente agredido por los comunicadores, sobre todo aquellos servidores públicos que carecen de oficio político y ven las críticas a sus programas y acciones como ofensas personales.
Eduardo Bours es un gobernante a quien, indiscutiblemente, las cosas le están saliendo bien, y tiene una altísima aprobación de la sociedad sonorense, como lo señala la encuesta que El Imparcial mismo dio conocer, por eso no debería preocuparse tanto de criticas que la verdad, muchas veces pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos.
El asunto trascendió no por los comentarios de El Imparcial sino por la demanda interpuesta por Eduardo Bours.
La tolerancia además de ser una virtud, es una condicionante de la democracia, y la libertad de expresión es un derecho innato del ciudadano.
www.kioscomayor.com
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NOTA 4:
Denuncia ´El Imparcial´ataques de Bours
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Marcelo Beyliss
El Universal
Miércoles 13 de septiembre de 2006
HERMOSILLO, Son.- El diario local El Imparcial, cuyo director general es Juan Fernando Healy, advirtió: "En Sonora peligra la libertad de expresión".
En su editorial de ayer, el rotativo estableció que el gobernador del estado, Eduardo Bours, ha pasado de las acciones verbales contra El Imparcial, acusaciones públicas y desplegados periodísticos, a la acción legal.
"Con una celeridad inusual en la procuración de Justicia en la entidad, la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que atiende asuntos de gran importancia para Sonora, ha iniciado ya un proceso derivado de una querella por difamación interpuesta por el propio gobernador en contra de esta casa editorial", dijo el texto.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Fernando Marroquín, en un escrito dirigido a Healy, expresó que están "atentos a la información publicada este martes por el diario sobre la demanda interpuesta por Bours, quien dice sentirse injuriado por opiniones periodísticas".
Añadió que con ésta y otras acciones "el gobierno del estado podría estar tratando de socavar la libertad de prensa y expresión".
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