16 de septiembre de 2013

Lunes 16 de septiembre de 2013 • Escuadrón de la muerte de SSP • Lo integran 70 policías federales

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• Escuadrón de la muerte de SSP
• Lo integran 70 policías federales
• Dudas en contratos de la Sedena


Para algunos mexicanos, el Pacto por México es la única esperanza de solución a los graves problemas sociales que enfrenta el país: desigualdad, injusticia, pobreza extrema, desempleo, subempleo, delincuencia, alimentación, salud y educación; para muchos otros, ese acuerdo partidista es sinónimo de impunidad, abuso de poder, imposición, privatización del petróleo y la entrega a trasnacionales de lo poco que aún queda a la nación.

Lo cierto, aceptan funcionarios de distintas áreas de gobierno, es que este pacto entre partidos políticos, concebido en la residencia oficial de Los Pinos, le ha dado una tregua al combate a la corrupción gubernamental, la cual durante el sexenio de Felipe Calderón se agudizó como en las mejores épocas del salinismo.

En prácticamente todas las dependencias federales y organismos descentralizados se acumulan expedientes con pruebas suficientes sobre la corrupción cometida en el sexenio anterior, pero los titulares de las secretarías de Estado y de las empresas paraestatales tienen instrucciones presidenciales de “no mover nada” mientras el Partido Acción Nacional (PAN) mantenga su apoyo al Pacto por México hasta que concluyan las reformas constitucionales –ya anunció Enrique Peña Nieto que se concretarán en 120 días más– sobre temas tan importantes como la educación, el petróleo y los impuestos.

Es ese concilio partidista el que ha dado un gran respiro a funcionarios del gobierno anterior que estuvieron involucrados en graves irregularidades, como el desvío de recursos públicos, abuso de poder, tráfico de influencias, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones forzadas, homicidios y otros crímenes.

Por eso se entiende ahora cómo es que el exsecretario Genaro García Luna se pasea tranquilamente entre las ciudades de Miami y México sin acusación de por medio y sin ser perseguido por autoridad alguna, a pesar de los excesos y abusos cometidos durante su gestión al frente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Además, es vox pópuli que ese exfuncionario al que Felipe Calderón le permitió todos sus excesos, tuvo la dedicación, durante su gestión, de grabar conversaciones privadas telefónicas de todos los funcionarios del gobierno federal, líderes de oposición, políticos, legisladores, luchadores sociales y periodistas, entre otros, a quienes también grabó en video con los costosos aparatos comprados con dinero público. Esta puede ser la razón por la cual ni Peña Nieto ni algún miembro de su gabinete se van a atrever a fincarle responsabilidades penales, a pesar del evidente enriquecimiento ilícito y, al contrario, se habla de que en la Procuraduría General de la República (PGR) todos los expedientes abiertos en su contra fueron desestimados y simplemente enviados al archivo.

Un ejemplo de ese abuso de poder que con la venia presidencial se permitió en el sexenio anterior fue la acumulación de una cuantiosa fortuna que no provenía de su salario como servidor público (según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera).

En el escritorio del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hay un expediente abierto sobre un grupo de 70 agentes federales pertenecientes a la extinta SSP, comandados por uno de los hombres más cercanos al exsecretario García Luna, quienes eran utilizados como un “escuadrón de la muerte” con licencia para desaparecer personas, secuestrar, torturar y “hacer justicia” por su propia mano; sólo bastaba que “el jefe lo ordenara” y dicho escuadrón entraba en operación.

De acuerdo con fuentes de procuración de justicia, en el sexenio impune de Felipe Calderón se creó este “escuadrón de la muerte”, integrado por agentes federales de diversas direcciones de la SSP, al cual se le encargaban desde detenciones arbitrarias hasta ajustes de cuentas, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Todo en nombre del poder y de la justicia federal.

Lo extraordinario de todo es que ha concluido la investigación de dicho expediente judicial y, en casi 10 meses de estar al frente la nueva administración priísta, el Ministerio Público Federal no ha ordenado la consignación de la averiguación previa a un juez federal. Hay preocupación entre familiares de víctimas de que ese expediente que confirma la existencia de un “escuadrón de la muerte” pueda enviarse al archivo, y ese caso probado en donde agentes federales se dedican a desaparecer personas, secuestrar y torturar, quede impune.

Familiares y testigos de uno de los desaparecidos han explicado que en las evidencias recabadas por la autoridad hay hasta videos en donde se identifica claramente a los agentes federales y a su comandante cuando, en 2008, secuestraron a un joven de 28 años de edad y a partir de ese momento jamás se volvió a saber de él. Además de que en los interrogatorios a los policías involucrados, éstos niegan haber participado en dicha detención, a pesar de que en los videos aparecen en el operativo realizado en la capital de Chihuahua.

Para investigadores y peritos expertos de la PGR no hay lugar a dudas de que se trata de un “escuadrón de la muerte” que se integró con policías federales bajo las órdenes de Genaro García Luna, con la misión de cometer delitos y ajusticiar a quien se les ordenara.

Hace poco más de 2 meses, el diputado Ricardo Monreal, hombre cercano al líder opositor Andrés Manuel López Obrador e integrante del Movimiento Ciudadano, presentó su libro Escuadrones de la muerte en México, en donde narra cómo se integran estos grupos de asesinos a sueldo, algunos pagados por el propio Estado y otros por empresas privadas.

El problema, explicó en esa ocasión el legislador, es que fue a partir de la descomposición social motivada por la “guerra” de Calderón en contra del crimen organizado, en donde se presentaron cifras alarmantes de personas asesinadas, secuestradas y desaparecidas, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto, pues ni siquiera hay una lista completa de los nombres de las más de 100 mil víctimas. Agregó que muchos de esos homicidas pertenecen a grupos de seguridad privada y ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni algún otro organismo gubernamental tienen control sobre ellos.

Ahora con este amplio expediente ministerial, la PGR cuenta con pruebas suficientes para procesar y enjuiciar a un grupo de 70 policías federales y un comandante de alto rango, por su participación en la desaparición y el asesinato de personas. Qué espera entonces el procurador Murillo Karam para hacer justicia y procesar a estos policías delincuentes.

El nuevo responsable de la herencia negra que dejó García Luna en la policía federal es el recién nombrado comisionado Nacional de Seguridad Pública, el médico cirujano Manuel Mondragón y Kalb, quien a pesar de estar al mando de los policías federales aún no se entera de este tipo de grupos delincuenciales creados por el gobierno panista de Calderón y que permanecen al interior de esa corporación, la cual por cierto tuvo a su cargo el fin de semana del desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Nuevas irregularidades en la Sedena

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el general Salvador Cienfuegos para evitar actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios por miles de millones de pesos en la Secretaría de la Defensa Nacional, nada se ha podido avanzar y la mala administración continúa al otorgar cuantiosos contratos a empresas privadas que no cumplen con los requerimientos necesarios.

Uno de esos contratos que en esta columna se había informado de las múltiples irregularidades, es la licitación pública nacional LA-007000999-N150-2013, para la contratación de servicio de abastecimiento de prótesis e insumos para cirugías de ortopedia y traumatología para hospitales militares regionales y enfermerías, con una partida presupuestal cercana a los 100 millones de pesos.

Pues en ese contrato la Dirección General de Sanidad de la Sedena dictaminó en junio pasado que cinco empresas concursantes “no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria”, razón por la cual había decidido cancelar la licitación pública.

Después de esa cancelación, lo extraño es que hace unos días la Sedena le asignó el contrato de manera directa, sin licitación, a la empresa Hemost S.A. de C.V. la cual había sido descalificada por tres razones que esa misma secretaría había explicado:

1. No entregó ningún título ni cédula profesional, lo que no permitió evaluar la competencia o habilidad en el trabajo, como se requirió previamente en el formato 1 de la convocatoria.
2. No entregó la declaración anual ni la declaración provisional, como lo establece la convocatoria.
3. No entregó copia de contratos certificados por notario público, para evaluar su experiencia en la prestación de este tipo de servicios como se establece en las disposiciones del concurso.

Al final estas razones expuestas por las áreas responsables de la licitación (Órgano Interno de Control, Asesoría Jurídica de la Dirección General de Administración y Dirección General del Hospital Central Militar) fueron insuficientes y algún militar de alto rango determinó que el contrato se le asignara sin concurso a Hemost. ¿Sabrá de esto el general Cienfuegos?

Otro caso que ha llamado la atención en el órgano de vigilancia de la Sedena es el de la empresa Aid Logística S.A de C.V., propiedad del pariente de un coronel que se desempeñó durante el sexenio pasado en el área de adquisiciones de la Defensa, motivo por el cual participa activamente en diferentes licitaciones militares. En este asunto se investiga la participación de varios militares que en otras entregas revelaremos dichos nombres.

Puntos suspensivos…En los últimos días el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló desde Estados Unidos que abrió una investigación en contra de su antecesora Marisela Morales, actual cónsul de México en Milán, por su presunta responsabilidad en el pago irregular de recompensas por varios millones a informantes que supuestamente sirvieron para la captura de miembros de la delincuencia organizada. El funcionario priista parece tener un gran interés en procesar a quien fuera la primera mujer procuradora del país, aun cuando su nombramiento de cónsul lo decidió el propio presidente de la República, lo que hace pensar que el procurador no tiene una buena comunicación con Los Pinos y al andar tan suelto pone en riesgo algunos acuerdos que parece desconocer. Por lo pronto, esa libertad que siempre debe tener el Ministerio Público Federal para la impartición de justicia y el desarrollo de las investigaciones, debe mantenerse en la PGR para evitar que se tuerza la ley. Fuentes de la Procuraduría explican que el responsable del pago de dichas recompensas es un comité integrado por subprocuradores y el oficial mayor, y en este órgano colegiado que revisa todo el procedimiento para que se realicen los pagos no tiene voz ni voto el titular de la Procuraduría, además las áreas responsables de las detenciones como Sedena, Marina o Policía Federal tienen que avalar que la información proporcionada por el informante fue determinante para la captura del fugitivo. En fin, ya veremos en qué acaba esta historia, porque lo que si es cierto es que en la PGR hay áreas como la de Servicios Aéreos en donde la corrupción estuvo muy presente el sexenio pasado.

oficiodepapel@yahoo.com.mx
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