PROCESO: Todo el peso del Estado para ocultar las boletas de 2006

Todo el peso del Estado para ocultar las boletas de 2006
JORGE CARRASCO ARAIZAGA

2011-11-12 16:57:21 ·

JUSTICIA
Le llevó más de tres años y casi se le acaba el sexenio, pero Felipe Calderón al fin logró parar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negar el acceso a las boletas de la controvertida elección presidencial de 2006. Después que el gobierno mexicano intensificó el cabildeo, infiltró un comisionado afín a Calderón y aplicó un castigo financiero, la CIDH emitió, casi a escondidas, una resolución en que desecha el recurso que presentó este semanario en abril de 2008.
A punto de iniciar su último año de mandato, Felipe Calderón logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desistiera de transparentar el proceso judicial con el que ganó la Presidencia de la República en 2006. A golpe de cartera –con recursos públicos– y de intenso cabildeo,  moduló la actuación del organismo interamericano para acabar, en esa instancia, con el litigio sobre el acceso a la información en materia electoral.

El viernes 4, sin explicación alguna, la CIDH anunció su decisión de rechazar la demanda de Proceso contra el Estado mexicano por su negativa a darle acceso a la paquetería de la elección presidencial.

El organismo interamericano minimizó su propia decisión al incluirla como parte de un anexo al comunicado de prensa en el que dio cuenta de la finalización de su periodo de sesiones número 143, que tuvo lugar entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre en Washington, donde está su sede.

Después de mencionar los temas tratados por sus siete comisionados, el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó sobre peticiones y casos individuales presentados contra Estados miembros, de los cuales aceptó 30 y declaró “inadmisibles” cuatro. Entre estos últimos se cuenta el registrado con el número 492-08, a nombre de Rafael Rodríguez Castañeda, director de este semanario.


Una semana después, al cierre de esta edición, el organismo concebido para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano todavía no daba a conocer las razones por las que desechó la demanda.

Ante este silencio, Proceso le pidió al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, que fuera más allá de la sola referencia de su decisión hecha en el anexo del comunicado de prensa.

En una carta fechada el jueves 10, la revista le expresó a Cantón su sorpresa, no sólo por la forma en que supo del “informe de inadmisibilidad”, sino por el silencio que mantuvo el organismo durante más de año y medio, pese a que se le solicitó una audiencia previa al periodo de sesiones.

Más sorprendente es que, una semana después, la revista no fuera notificada, por lo que sigue sin conocer las razones jurídicas del rechazo, dice la misiva.

De acuerdo con la representación legal de Proceso ante la comisión, que lleva la abogada Graciela Rodríguez Manzo, este silencio violenta los artículos 8 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 31 al 34 y 36 del reglamento de la CIDH.

La revista presentó su demanda contra el Estado mexicano el 24 de abril de 2008, luego de que el Instituto Federal Electoral (IFE) como autoridad administrativa, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la máxima autoridad judicial del país, le negaran el acceso a la paquetería de la elección presidencial del 2 de julio de 2006.

Ambas autoridades rechazaron la petición al considerarla como un asunto electoral –área reservada a las autoridades y partidos políticos– y no como un tema de transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía. El IFE incluso adujo una posible afectación a la seguridad nacional. Lo mismo le argumentó el Estado mexicano a la CIDH para negar el acceso.

Además, el semanario presentó este recurso ante el organismo interamericano luego de que, en otro juicio promovido por la revista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados de la Sala Superior también rechazaron la solicitud de acceso.

El 2 de julio de 2008, justo dos años después de aquella jornada electoral, la CIDH le pidió al gobierno de Calderón que tomara medidas cautelares a favor de Rodríguez Castañeda para impedir la destrucción de las boletas, materia de la queja. Santiago Cantón anunció en ese momento que dichas medidas se mantendrían hasta que la comisión resolviera sobre la admisibilidad de la demanda.

Los paquetes, sin embargo, no podrán destruirse aún porque el pasado viernes 11 Proceso presentó al IFE una nueva petición de acceso a la información en la cual pide a la autoridad electoral que tome en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio.



Información peligrosa



Después de sortear en el IFE, el TEPJF y la SCJN la petición de transparencia de su elección como presidente, el gobierno de Calderón operó en el organismo de la OEA para que se destruya la paquetería electoral.

Primero colocó a un funcionario afín a él en la CIDH. En junio de 2009 logró la designación de José de Jesús Orozco Henríquez como uno de los siete comisionados. El cargo es por cuatro años y lo ocupa desde enero de 2010. La promoción de Orozco no fue ninguna casualidad. Fue uno de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF que dio por válida la elección de Calderón de 2006.

Actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Orozco ocupó uno de los tres espacios que se renovaron en la CIDH a la salida de los comisionados Víctor Abramovich, Pablo Carozza y Clare Kamau Roberts, quienes apoyaron las medidas precautorias para impedir la destrucción de las boletas.

Orozco, quien ahora es uno de los dos vicepresidentes de la CIDH, niega haber intervenido en la decisión del organismo interamericano. “Tengo impedimento jurídico para participar en cualquier resolución de la CIDH relacionada con México. Además, no tengo antecedente alguno”, declaró al ser consultado por Proceso el miércoles 9, durante un foro sobre derechos humanos realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El comisionado insistió: “No tengo condición de participar ni en la investigación ni en la deliberación, ni en la decisión, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la CIDH. No me puedo pronunciar. No pude comunicarme antes ni puedo hacerlo ahora. Por eso no puedo emitir opinión alguna”.

Junto con Orozco, el actual presidente del TEPJF, el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos, también avaló el triunfo de Calderón, mientras que su hermana, la ministra Margarita Luna Ramos, fue en la SCJN una de las principales opositoras al amparo interpuesto por la revista ante la negativa de acceso a las boletas (Proceso 1643).

El segundo movimiento de Calderón en la CIDH fue de represalia. En respuesta a las medidas precautorias que dictó el organismo, redujo a la mitad la cuota que México aporta anualmente. Los 125 mil dólares destinados para ese propósito por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2008 se redujeron a 62 mil 500 en 2009. Al año siguiente subieron a 100 mil y este año a 125 mil; en todo caso, muy lejos de los 300 mil dólares con que el gobierno de Vicente Fox llegó a contribuir en 2004.

Adicionalmente el Estado mexicano contrató al abogado Jorge Ulises Carmona Tinoco para argumentar en contra de la petición de la revista. El litigante aclara a Proceso que hace dos años se separó del caso luego de apoyar al IFE ante la CIDH, aunque “la política y las decisiones fueron de la Cancillería”. Entrevistado en el mismo foro sobre derechos humanos, opina que la petición de acceso a la paquetería electoral afecta el derecho de los votantes: “Mi voto es secreto, y si tú le das acceso vulneras mi derecho”.

Para el también investigador del IIJ, el sistema mexicano está diseñado para tener acceso a aquello que deriva de las boletas, a una serie de documentos que sí son accesibles, y no necesariamente a las boletas mismas.

No obstante cuestiona que la CIDH haya demorado tanto en decidir la inadmisibilidad: “Cuando se dicta una medida cautelar, el órgano que la dictó se debe apresurar en tomar una determinación porque cuando la prolonga en el tiempo genera expectativas”.

También encuentra “muy criticable” la actitud del organismo, no sólo por los gastos mensuales que representa la conservación de las boletas, sino también porque el proceso electoral para los comicios de 2012 ya está en marcha: “Debió haber existido un criterio definitivo mucho tiempo antes. Ya tenía todos los elementos para decidir. En el último par de años pudo haberlo resuelto”.

Añade que si la CIDH ya declaró la inadmisibilidad del recurso, entonces “en México queda en vigor la norma de que las boletas deben destruirse y en estos momentos ya no existiría impedimento jurídico alguno, nacional ni internacional, para que el IFE las destruya, en términos de lo que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)”.

Sin embargo, admite que el caso no se resolvió de fondo y queda “en una zona gris”. Más aún, opina que con la reforma en materia de derechos humanos “se abre una nueva vía, con reglas de juego distintas para analizar el alcance” de la demanda de Proceso. Incluso, concluye, “podría plantearse que (las boletas) continuaran sin ser destruidas hasta que se analizara un planteamiento en ese sentido”.

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