GRANADOS CHAPA: Sonora en los tribunales federales

Sonora en los tribunales federales: "Sonora en los tribunales federales
Miguel Ángel Granados Chapa
9 Ago. 09

Contra la postura del ministro Aguirre Anguiano asumida en el debate sobre crimen ocurrido en una guardería de Hermosillo, la investigación que se realice del caso debe reivindicar el derecho de los mexicanos a saber qué ocurrió y por qué

El mismo jueves en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió investigar la tragedia -es más propio llamarla crimen- del 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, un juez penal federal dictó formal prisión a cuatro de los cinco propietarios de ese establecimiento, a quienes se sigue desde ese momento proceso por homicidio y lesiones culposas, juicio que vivirán libres porque no siendo delitos graves tienen derecho a libertad bajo fianza.

Se dirá, y así lo alegó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano entre los factores para que la Corte rehusara emprender la investigación constitucional demandada por los padres y madres damnificados, que si están operando las instancias de procuración y administración de justicia establecidas es inútil o superfluo que el máximo tribunal ejerza la facultad pesquisitoria que le atribuye el artículo 97 constitucional. Pero no es así. Se trata de indagaciones de amplitud diferente y complementaria. Si sólo la justicia penal se ocupara del caso, por más referencias que sus fallos hagan al entorno que causó los ilícitos, quedarían fuera de ese contexto elementos estructurales cuya influencia pudo ser determinante en la génesis de la muerte de 49 niños y en las lesiones a más de 25.

La mayor latitud que debe caracterizar a la indagación de la Corte fue prevista con notable acierto por el ministro José Ramón Cossío Díaz quien, mucho antes de que se configurara la mayoría a favor de la intervención de ese tribunal en el caso -apenas fue el segundo de los ocho ministros en exponer su posición-, estableció el objeto (enriquecido después del debate) de la investigación aprobada por el pleno con la sola oposición de tres ministros: el autor de la ponencia derrotada, el actual presidente del cuerpo y su más inmediato antecesor.

Para ir más allá de la actuación del Ministerio Público y de la justicia penal, y sin estorbarse mutuamente, la indagación constitucional debe, según la propuesta de Cossío convertida en resolución, "analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería", "investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos", "investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares no patrones para la prestación del servicio de guarderías; determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la guardería ABC", "especificar qué autoridades administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social celebraron dicho convenio y sus competencias, así como el procedimiento que se observó para su otorgamiento y cumplimiento con la normatividad relativa al funcionamiento como guardería", "investigar si las autoridades competentes (federales, estatales y municipales) realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad para verificar las condiciones de funcionamiento de la guardería ABC y, en caso de hacer observaciones, si se vigilaba el cumplimiento de las mismas", "establecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento del permiso de uso de suelo y licencia de funcionamiento como guardería de ese establecimiento" e "identificar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del municipio de Hermosillo como del estado de Sonora y las demás que resultaran o pudieran resultar responsables".

Tras la presentación de otras posiciones y a la hora de redactar el objeto de la investigación, la propuesta del ministro Cossío fue pertinentemente ampliada. Al primer punto se añadió la instrucción de "analizar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de los niños y niñas en ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes". Asimismo, se añadieron dos puntos: "analizar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios encargados del buen funcionamiento de las guarderías, las consecuencias del accidente de fecha 5 de junio de 2009 en la guardería ABC pudieron evitarse y, con ello, se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en la misma" e "identificar los actos de negligencia médica posterior al suceso".

Con ese objeto, la investigación constitucional coloca en el centro de la atención nacional, junto con la determinación de las causas inmediatas que privaron de la vida a 49 personas y lesionaron física y sicológicamente a muchas personas más, la abdicación que el IMSS ha hecho de sus deberes jurídicos relativos a la prestación del servicio de guarderías, en que la institución se ha deslizado por una pendiente de abandono punible socialmente y acaso también desde el derecho penal. De no haberse acordado la indagación constitucional, el universo a investigar quedaría reducido a los estrictos límites formales de la justicia punitiva, que ha sido incapaz de llevar a juicio a la mayor parte de las personas hasta ahora requeridas.

En su alegato contra la intervención de la Corte en este caso, el ministro Aguirre Anguiano subrayó la futilidad de esa facultad constitucional, porque no genera obligaciones legales y sus conclusiones quedan como mera opinión. Interpretada a contrario sensu, su argumentación debe ser un acicate a la calidad de la indagación aprobada contra el pesimismo de muchos, entre los cuales me cuento, pues no creí que el pleno asumiera de nuevo una indagación de este género. La investigación constitucional puede servir, por sí misma, a satisfacer el derecho a la verdad -invocado por los ministros Góngora Pimentel, Silva Meza y Franco González Salas-, el derecho de los mexicanos a saber qué ocurrió, y por qué, en el crimen de aquella fecha, inscrita ya en el calendario de lo inolvidable.

Sonora estuvo, al día siguiente de la crucial decisión de la Corte, presente en otro caso llevado al Poder Judicial de la Federación. El tribunal de ese ámbito que resuelve los asuntos electorales devolvió al Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa de aquella entidad el expediente con que los tres magistrados que lo integran pretendieron eludir su responsabilidad de confirmar el triunfo del candidato panista Guillermo Padrés o anular la elección a gobernador efectuada el 5 de julio.

La coalición formada por el PRI, el Partido Verde y el Panal, que resultó perdedora, impugnó la constancia de mayoría expedida a favor del candidato panista, y lo mismo hizo el PRD. Entre otros argumentos, la alianza forjada por el gobernador Eduardo Bours para hacer triunfar a su allegado Alfonso Elías Serrano adujo un grave desliz del Instituto Federal Electoral, que privó al PRI, sus aliados y su candidato, de 75 mil spots, con lo que alteró la equidad en la contienda. Llevado el caso ante el tribunal estatal, éste se declaró incompetente debido a que es federal y no local la autoridad señalada como causante de la inequidad. Aprovecharon los magistrados, comodinos o timoratos, esa circunstancia para no entrar en el fondo de la cuestión, que implica entre otros aspectos revisar los topes de campaña y las causas de nulidad presentes, según los impugnadores, en miles de mesas electorales.

Como no es infrecuente, el tribunal federal zarandeó a la autoridad cuyas decisiones debe revisar y, en este caso, frustró la actitud huidiza del órgano local de justicia electoral. Le ordenó entrar en el fondo de la cuestión y resolver dentro de un plazo de nueve días lo que considere conveniente. Los magistrados sonorenses, pretextando que ser trataba de un caso de constitucionalidad y no sólo de legalidad, pretendían que los magistrados federales confirmaran el triunfo panista o invalidaran la elección. Ahora deberán asumir esa decisión, sin perjuicio de que el caso vuelva al Trife por la impugnación que la resolución respectiva provoque.


miguelangel@granadoschapa.com"

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