En la Ciudad de México, leyes para infundir miedo a manifestarse « Desinformémonos: México. Por publicarse de un momento a otro en el Diario Oficial del Gobierno del Distrito Federal, las modificaciones al Código Penal de la capital de México pretenden infundir miedo entre la gente que se manifiesta, advierte Karla Micheel Salas Rodríguez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y no consideran las violaciones a los derechos humanos que cometen los policías.
Al día siguiente de la publicación de las reformas –que estará en manos de la Consejería Jurídica del gobierno local y a reserva de algunas observaciones que envió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, el dictamen aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entrará en vigor para agravar las penas hasta en 50 por ciento más si los delitos de homicidio y lesiones, delitos contra el patrimonio y daño a propiedad se cometen “con motivo de marchas, concentraciones, manifestaciones, conmemoraciones, mítines o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o recreativo”.
En el caso del artículo 141 bis, la pena por homicidio y lesiones se incrementa en la mitad si se comete dolosamente y contra elementos policiacos en el ejercicio de sus funciones, “lo que en el caso de las lesiones, las convierte en un delito grave”, expone Salas. También, de acuerdo con la modificación al artículo 224 bis, se eleva en la mitad la pena para delitos contra el patrimonio si se cometen dentro de los eventos públicos mencionados. “Lo mismo ocurre con el daño a la propiedad ajena”, contenido en el artículo 241 bis, explica.
Estos cambios, dentro del contexto que se da en la ciudad de México a partir del 1 de diciembre de 2012, “da un mensaje de criminalización de la protesta social. Parece una frase hueca, pero es la realidad”, resalta la abogada, quien recuerda que tanto periodistas como organizaciones de derechos humanos han documentado el ambiente de abusos policiales.
“El gobierno del Distrito Federal endureció el procesamiento de las personas que participan en las marchas y son detenidas”, valora. “Y es importante señalar que muchos de los detenidos en las manifestaciones no lo son en flagrancia o cometiendo un delito, sino que son aprehendidos arbitrariamente por los cuerpos policiacos –que incluso incurren en falsedad de declaraciones, al manifestar que realizaron las detenciones en momentos distintos a los que en realidad ocurrieron”. La integrante de la ANAD afirma que estos excesos están documentados en la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió con respecto a la actuación policiaca del 1 de diciembre de 2012.
Lo que intentan el gobierno local y la Asamblea Legislativa, pondera la abogada –parte del equipo legal que llevó los casos de las mujeres asesinadas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos- es infundir el miedo en quienes acuden a las manifestaciones, “de que en cualquier momento pueden ser detenidos y procesados por delitos que serán considerados como graves”.
Cuando la gente decide manifestarse y tomar las calles, expone la abogada, es porque sus derechos fueron vulnerados, como el derecho de petición. “Tampoco es que nos guste estar manifestándonos porque no tenemos nada que hacer. Cuando salimos a las calles es porque las autoridades no nos respetan, y es la vía que encontramos. Es preocupante que no solamente el gobierno no respete los derechos de petición e información, sino que quiera limitar incluso la posibilidad de que nos manifestemos”.
El objetivo de la reforma al Código Penal, alegan sus promotores –los diputados Antonio Padierna Luna y Arturo Santana Alfaro- es redignificar, proteger y garantizar los derechos de los elementos policiacos. “La vía penal no es la forma para hacerlo”, considera Micheel Salas, y agrega que una de cada tres quejas en la visitaduría de derechos laborales de la CDHDF es interpuesta por policías.
“Si el gobierno quiere redignificar esta profesión, tiene que ser mejorando sus condiciones laborales y no incrementando penas para sancionar a gente que acuda a las manifestaciones públicas”, agrega la abogada. Además, resalta la contradicción de que sea alguien como el bejaranista Padierna Luna el promotor de la reforma, pues es diputado gracias a movimientos urbanos –como Nueva Tenochtitlan y la Asamblea de Barrios- que ocupan los espacios públicos como medida de presión para lograr sus demandas.
La guerra por los espacios públicos
El endurecimiento de penas previsto en los artículos no solamente afectará a los sectores sociales que protestan, sino al resto de la ciudadanía, explica Salas.
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la descomposición social, donde la gente tiene miedo de salir a las calles, sectores importantes iniciaron procesos de recuperación del tejido social y de los espacios públicos. La reforma del Distrito Federal va contra esta tendencia, advierte la abogada, “y es triste porque fue algo que caracterizó a la ciudad desde que tuvimos la oportunidad de elegir quién nos gobierna: que el combate a la inseguridad era invitar a la ciudadanía a que acudiera a los espacios públicos”.
Con la reforma hay un grupo muy importante que verá vulnerado sus derechos –que son quienes cotidianamente se manifiestan contra las injusticias que hay en México-, valora la abogada, pero este tipo penal también aplicará para quienes acuden a eventos deportivos o a algún concierto, si se registra algún enfrentamiento en ellos.
“Se trata de situaciones que se resuelven ahora como faltas administrativas –se paga una multa o se quedan 36 horas detenidos-, pero con las modificaciones habrá gente que se vea procesada por un delito grave por participar en ellas o simplemente por estar en el momento equivocado y en el horario menos indicado, como hace la policía en las manifestaciones, que detiene sin ton ni son y tú simplemente pasabas por ahí”, indica la abogada.
La reforma y la nueva realidad de la ciudad
El dictamen aprobado no toma en cuenta todas las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas policiacas en la capital del país, puntualiza la integrante de la ANAD. “Contamos con protocolos especializados, pero a partir del 1 de diciembre de 2012 se ve que los cuerpos policiacos no respetan lo que está escrito. Violan derechos humanos, torturan, detienen a gente arbitrariamente y abusan de su autoridad”, lo que fue reconocido por el gobierno al aceptar la recomendación de la CDHDF, informa la abogada.
A pesar de la recomendación de derechos humanos aceptada por el gobierno local, no hay un solo policía procesado por estos delitos, “y del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, hay 30 personas procesadas, gente que participó en una manifestación pública, fue detenida y se le acusó de delitos como ataques a la paz pública, lesiones, etcétera”. Salas resalta que no era común en la ciudad conocer de presos políticos o de personas procesadas por manifestar sus ideas o pertenecer a determinado grupo político, lo que ahora sí ocurre.
“Estas reformas de ninguna manera cumplirán el objetivo que dicen que buscan. No van a dignificar a los cuerpos policiacos ni garantizarán derechos a la ciudadanía. Lo que harán será limitar los derechos no solamente de las personas en general, sino específicamente de quienes se manifiestan”, indica.
“No hemos perdido la ciudad”
Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, considera que la sociedad no ha perdido del todo a la ciudad de México. “Desde el 1 de diciembre vemos un retroceso preocupante, desde el perfil de los servidores públicos que ocupan las principales secretarías hasta el tipo de políticas y de limitación de derechos”, pero también existe una sociedad civil muy bien organizada que sabe exigir sus derechos e incidir en los cambios importantes, valora.
Contra la reforma, hay dos caminos jurídicos, expone Micheel Salas: que la CDHDF interponga un recurso de inconstitucionalidad, “que es lo mínimo que se puede esperar, siendo consecuentes”, y que los ciudadanos tramiten amparos contra esta reforma.
“Estos ataques del gobierno hacen que la sociedad civil se reorganice y logre incidir para evitar que nos limiten nuestros derechos. Estamos a la defensa de nuestros derechos, pero todavía no los hemos perdido”, finaliza la defensora.
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