Con conocidos nexos entre políticos y empresas trasnacionales del petróleo, los legisladores modificaron la Constitución para que extranjeros exploten y comercialicen el sector energético. El PRI y el PAN se justifican con la necesidad de modernización. Los opositores concluyen: “Todo se hizo para beneficio de las grandes empresas”. Por ello se les acusa de “traidores a la patria”
Acusados por los opositores de la Reforma Energética, de traidores, bandidos y mentirosos, Enrique Peña Nieto y los impulsores de la misma, sostuvieron una coartada repetida hasta el cansancio: “El petróleo seguirá siendo de los mexicanos”.
Al parecer eso honra a la verdad. Después del análisis entre especialistas y legisladores, a aquella frase únicamente le faltaría agregar una precisión: el petróleo seguirá siendo de los mexicanos, siempre y cuando esté en el subsuelo de la patria; luego de la aprobación de la reforma, en cuanto el petróleo sea extraído de la tierra, podrá ser apropiado por las empresas y los intereses extranjeros.
Con la aprobación de la modificación de 3 artículos de la Constitución Mexicana (25, 27 y 28), el país pierde la exclusividad del manejo en la riqueza petrolera. Una condición nacional identificada con pensamiento del porfiriato y los tiempos de la pre-revolución mexicana.
El Artículo 27 constitucional establecía, antes de esta reforma, que corresponde a la Nación el dominio y explotación de todos los recursos naturales, entre ellos petróleo, y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
El senador Manuel Camacho Solís explica en entrevista con ZETA: “Es una reforma que cambia la naturaleza del Estado, el artículo más importante de la Constitución de 1917 era el Artículo 27, así lo señaló quien más influyó en la Constitución y en su redacción, Andrés Molina. Con la reforma que inició el Presidente Peña, realmente se rompe el pacto social de la izquierda y las fuerzas armadas de la Revolución. Históricamente esa Constitución fue la que pacificó a México”.
La reforma de Peña sencillamente sitúa al país y a su Constitución, un paso atrás del decreto de expropiación petrolera de 1938 (a 75 años del acontecimiento cardenista), cuando a 17 empresas petroleras instaladas en territorio mexicano, se les quitó el poder para explotar el entonces bien bautizado “oro negro”.
En conclusión, la iniciativa de reforma enviada por Peña Nieto e impulsada y aprobada por la fracción parlamentaria de su partido y la de Acción Nacional, abre la puerta para que empresas extranjeras mantengan contratos, concesiones en la explotación y extracción del petróleo.
Consecuencias y socorros
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