México: parte de guerra de un sexenio

México: parte de guerra de un sexenio:

Si se pregunta a un empresario extranjero afincado en México (español, por ejemplo) sobre su balance del sexenio del presidente Felipe Calderón, que termina el 1 de diciembre, la respuesta será buena. Dirá que se ha fomentado la inversión en sectores clave, como las infraestructuras, y que se garantizó la estabilidad económica. Si el interrogado es inmigrante, defensor de derechos humanos, periodista (tres sectores que han sufrido el acoso tanto de los cárteles como de las autoridades), o un mexicano de a pie del norte del país, de Veracruz o Acapulco, una mujer del Estado de México (el estado con mayor número de feminicidios) o un indígena de Guerrero, la respuesta será muy diferente.



La violencia ha permeado la vida política, social y económica del todo el país. El director de la  revista de investigación Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, lo resumió en una frase: “Pasamos del voto por voto [de las elecciones de 2006] al cadáver por cadáver. Y si no se hizo el recuento de los votos finalmente, es prácticamente imposible hacer el de los cadáveres que han quedado sembrados a lo largo y ancho de buena parte del país a raíz de lo que se llamó la guerra del narco”.

Trece cadáveres maniatados aparecieron en Sinaloa en 2008 (AP)

Calderón pasará a la historia, no como el presidente del empleo, como él pretendía durante su campaña electoral, sino como el presidente de la guerra. Al sacar a la calle a cerca de 60.000 militares y 20.000 policías federales (los últimos 15.000 este mismo verano) marcó el devenir del país, abrió la caja de los truenos y se enfrentó frontalmente y sin una estrategia integral a un enemigo mucho más fuerte, coinciden todos los analistas, desestabilizando el estatus quo de los cárteles que comenzaron a luchar más cruelmente, entre ellos y contra las fuerzas de seguridad, por el control del territorio.
En medio quedaron miles y miles de víctimas aunque no se sabe cuántas. Las autoridades dejaron de contar en 2011 cuando llevaba casi 50.000. “[Para el gobierno] los humanos que mueren en la guerra del narco son cifras, son cucarachas. Ahora no importa ni siquiera contarlas”, denunció e el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,  Javier Sicilia. La revista Zeta de Tijuana, en uno de los recuentos a los que se ha dado más credibilidad, habla de 71.000 muertos desde 2006 y el alcalde de San Pedro Garza García, la localidad más rica de México pegada a Monterrey, Mauricio Fernández (un político sin pelos en la lengua que hasta se jactó de montar un grupo paramilitar para defender a su pueblo)  eleva el número a 250.000. “Fácilmente andaremos en el cuarto de millón, entre los del crimen organizado que no te enteras y los del Gobierno que no te enteras”, dice en el documental ‘El Alcalde’.

Un familia abraza el cuerpo de un hombre que fue ahorcado en un puente peatonal en Acapulco (AP)

Pero más allá de los muertos (asesinados con una violencia extrema y en muchos casos exhibidos para generar terror) están los desaparecidos, sus familias, las víctimas de la impunidad y las de todo tipo de violaciones a los derechos humanos. “Esta administración ha tolerado un grave deterioro en la protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia”, denuncia Amnistía Internacional. Para AI, la  ‘guerra’ de Calderón -renombrada luego como ‘estrategia de seguridad’- “agravó la violencia” y también los abusos de las fuerzas de seguridad.
La situación se volvió tan crítica que en algunos estados los militares fueron vistos como salvadores frente a unos narcos cada vez más salvajes. En otros, sin embargo, se convirtieron en un peligro más. Pero en general, como sentenciaba Human Right Watch en uno de sus últimos informes sobre México, los mexicanos no han conseguido disfrutar ni de más seguridad ni de más derechos porque la política de Calderón ha sido “un fracaso”, según la ONG.

Soldados escoltan cinco hombres acusados de pertenecer al cártel de Los Zetas en el estado de Coahuila en junio de 2011 (Alexandre Meneghini /AP)

Impunidad y corrupción

“No hay procuración de justicia y el Gobierno utiliza los mismos métodos que los criminales”, ha denunciado en innumerables ocasiones el obispo de Saltillo, Raúl Vera. La acusación ha llegado incluso a hablar de cierta ‘limpieza social’ y de oscuros vínculos de políticos y empresarios en los mil y un negocios del crimen organizado que convierten a México en la segunda economía que más dinero blanquea detrás de China (datos de la ONG Global Financial Integrity).
“La guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico es falsa, sesgada y está totalmente amañada porque trata de acabar con el enemigo, de evitar que llegue a los tribunales y revele quiénes son sus nexos”, añade el religioso que este año estaba entre los candidatos al premio Nobel de la Paz.
Los altos niveles de corrupción y de infiltración del narco en todas las estructuras de la sociedad y un nivel de impunidad del 95% (estimación del consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Raúl Benítez Manaut) complican más aún más la situación.
Pese a ello, la estrategia de Calderón ha recibido el apoyo casi unánime de la comunidad internacional y, sobre todo, de EEUU, país que exporta la mayoría de las armas que utilizan los cárteles (el 70% de las decomisadas en México venían del norte, según fuentes oficiales estadounidenses), importa la mayor parte de la droga y el país que mantiene firme su ayuda pese a haber sufrido en sus carnes ataques  provocados por la falta de fiabilidad de las fuerzas de seguridad mexicanas (como la emboscada del pasado agosto a un vehículo diplomático al sur de Ciudad de México por parte de la policía federal).

AKA-47 bañado en oro decomisado a narcotraficantes (Eduardo Verdugo /AP)

La ONU, preocupada

ONG internacionales y la propia ONU han mostrado, sin embargo, serias preocupaciones no solo por la creciente violencia de los cárteles, que incluso han coqueteado con las técnicas terroristas (como cuando quemaron un casino en Monterrey lleno de gente con el resultado de 53 muertos), sino porque ante las masacres, los secuestros, las extorsiones, las decapitaciones o la proliferación de fosas comunes con centenares de cuerpos sin nombre (según la Procuraduría General de la República hay 25.000 restos humanos sin identificar), se multiplican las acusaciones de complicidad de las autoridades bien por acción o por omisión.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas alertó en 2011 del problema en “deterioro” que suponía este crimen que ni siquiera estaba tipificado en algunos estados, y dijo que la impunidad permanecía como “reto general de México”. Un año después, uno de los miembros del equipo, Ariel Dulitzky, lamentaba que apenas se había hecho caso a sus recomendaciones. Un ejemplo: se aprobó una ley para crear un registro de personas desaparecidas pero la base de datos real sigue sin existir.
Y desde el Comité contra la Tortura de la ONU también se ha mostrado preocupación por una serie de prácticas que las ONG consideran generalizadas y crecientes. En el último informe que colectivos mexicanos  acaban de presentar en Ginebra se destaca el uso abusivo del arraigo (detención sin orden judicial), la utilización de la tortura para crear culpables y el incremento de casos contra mujeres que, en lugares como Chipas, incluyen no solo la violación sexual sino el hostigamiento y los golpes a los hijos o la retirada de la custodia.

Acto del Movimiento MORENA contra los abusos del ejército en el Zócalo, México DF (AP Photo)

Otro problema es el abuso de la prisión preventiva que organizaciones como el Instituto Para la Seguridad y la Democracia  llevan años denunciando y que se ha multiplicado con la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Según los últimos datos oficiales, de los 240.000 reclusos que actualmente llenan las cárceles de México, 98.000 (el 41%) no tienen sentencia, es decir, están cumpliendo su pena por adelantado sin que se confirme su culpabilidad.
Junto a la violencia y falta de justicia también en el terreno social el balance del sexenio de Calderón está lleno de sombras. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acaba de publicar un informe en  el que pone de manifiesto que el ejecutivo participa en la discriminación de las minorías tanto en procesos civiles, como penales y hasta en la salud (la cobertura sanitaria universal de la que se vanagloria Calderón deja fuera, por ejemplo enfermedades incluidas entre las principales causas de muerte en el país).
Y la pobreza y la desigualdad, males que ha aquejado México desde hace décadas no solo continúan, sino que se agravaron. En una población de 110 millones, las personas que viven en la pobreza pasaron de ser 48,8 millones en 2008 a 52 millones (datos de la Comisión Económica para América Latina) en 2010, el mismo año que un mexicano, el empresario Carlos Slim, se convertía en el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.
Las luces del sexenio

Entre tantas sombras, también hubo luces. Por un lado, las víctimas cobraron por primera vez fuerza a nivel nacional y se organizaron en  el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que, al grito de guerra de su promotor Javier Sicilia, (“¡Estamos hasta la madre!”) y pese a sus limitaciones y críticas, visibilizó a las víctimas y su dolor.

Marcha contra la violencia (AP Photo:Eduardo Verdugo)

El movimiento tuvo varios encuentros con Calderón pero su principal exigencia quedó truncada,  una ley de víctimas presentada por el presidente en la recta final de su mandato y que fue considerada un “engaño” por Sicilia. “Quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo”, criticó.
En junio de 2011 y tras cinco condenas a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  se consiguió un éxito importante en la legislación: reformar la Constitución para hacer respetar y defender los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.  Ahora hay que llevarlo a la práctica.
Y la Suprema Corte de Justicia ha logrado limitar el uso el fuero militar para que los miembros del ejército que cometan crímenes o abusos sean enjuiciados por la justicia ordinaria. Según explica una de las principales promotoras de este éxito, la magistrada Olga Sánchez, con tantos militares en las calles se habían multiplicado las denuncias (que iban desde los asesinatos y las despariciones a las torturas o la siembra de pruebas falsas) y  las víctimas civiles estaban desprotegidas incluso para conocer la verdad porque el ejército se escudaba en el fuero militar para no investigar nada.
Olga Sánchez también confía que salgan adelante en los próximos meses y sienten jurisprudencia varios amparos de indígenas que están encarcelados y en cuyos casos no se siguió el debido proceso ya que, muchos, por ejemplo, no hablan español y ni siquiera contaron con un traductor que les explicara de qué se les acusaba. Según la jueza, cientos de personas están encarceladas injustamente en el país por este motivo pero la Corte Suprema está haciendo un buen trabajo y luchando por su autonomía judicial en un país donde las presiones llegan a todas partes.
“Queda mucho por hacer”, asegura la magistrada. “La gran asignatura pendiente de la justicia mexicana es hacer realidad lo que nos manda la Constitución, hacer efectivos los derechos de todos los gobernados de este país y a eso me voy a dedicar en los poco más de tres años que me quedan en la Corte”.

Fotoperiodistas dejan sus cámaras en el suelo a modo de protesta por el asesinato de su compañera Regina Martínez en abril de 2012. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo según Reporteros Sin Fronteras. En 2012 ya han sido asesinados 5 informadores (AP)

La marcha partió con unas 300 personas de la ciudad de Cuernavaca, donde vive el Poeta Javier Sicilia, y fue sumando adherentes en su recorrido hasta el Zócalo (AP Photo)