apoyos de peña nieto (Photo credit: trianero2) |
La reforma laboral, una parodia legislativa
ROSALIA VERGARA
2012-11-17 14:43:03 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
TRABAJO
Consumada la aprobación de la reforma laboral consensuada entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales, el PRI y el PAN, el senador por el PT Manuel Bartlett analiza en entrevista la estrategia que permitió al “PRIAN” sacar adelante el que califica de instrumento diseñado para el beneficio de los patrones. Y da nombres y apellidos de quienes, según él, tomaron parte en una “parodia” de proceso legislativo en la que confluyeron los esfuerzos de Calderón, del presidente electo y de prohombres del priismo, del panismo y de la iniciativa privada.
En entrevista con Proceso, Manuel Bartlett disecciona el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma laboral y concluye: fue una tragicomedia.
Desde la perspectiva del otra vez senador, ahora por el Partido del Trabajo, se trató de un montaje para imponer esta iniciativa que beneficia a los empresarios, en perjuicio de los derechos elementales de los mexicanos con empleo; una parodia del procedimiento legislativo protagonizado por Felipe Calderón en mancuerna con Enrique Peña Nieto y las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en el Congreso de la Unión, con trágicos resultados para los trabajadores.
El exgobernador de Puebla detalla cómo priistas y panistas armaron “un nuevo diseño para imponer las reformas estructurales” de corte neoliberal ordenadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el acuerdo signado en el capítulo nueve del Consenso de Washington sobre “la desregulación del mercado laboral”.
Bartlett, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid y quien se sumó a la izquierda en 2006 cuando anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, subraya que la trama inició cuando el actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Manlio Fabio Beltrones, negoció la reforma política con Calderón en la legislatura pasada.
El entonces senador Beltrones, asegura Bartlett, presentó una iniciativa de reforma del Estado; Calderón, que también quería parecer estadista, presentó otra y al final lograron un acuerdo.
“La reforma del Estado que se publica en la legislatura anterior –señala– es un acuerdo Calderón-Beltrones, en la que Beltrones acepta la propuesta de Calderón sobre las iniciativas preferentes, que es una aberración porque le da el derecho al presidente de la República de imponerle al Congreso de la Unión el procesar cada inicio de periodo ordinario hasta dos iniciativas y aprobarlas en 30 días.”
Aprobada la reforma del Estado, el 1 de septiembre pasado, cuando la LXII Legislatura del Congreso de la Unión rindió protesta, el presidente envió dos iniciativas de reforma –la ley general de contabilidad gubernamental y la de índole laboral– a las que pidió darles el trato de “preferentes”. Con ello, los legisladores tenían 30 días para votarlas. Finalmente aprobaron la reforma laboral el jueves 8.
“Calderón, ya moribundo su gobierno, manda estas iniciativas ese día para que empiecen a correr los 30 obligados para el aval. Y si a eso se añade el contubernio de Calderón y Peña Nieto, ya tienes los votos necesarios para sacarla adelante porque es un acuerdo PAN-PRI y una maniobra antidemocrática”, insiste Bartlett.
Por eso considera una “falacia” el supuesto apoyo de Felipe Calderón y de los legisladores panistas a la propuesta de la izquierda para incluir en la reforma los artículos 388 Bis y 390, que buscan la democratización y la transparencia en los sindicatos:
“¿Qué es lo que hace Calderón? Es una brutal hipocresía porque mete la reforma laboral y le pone azúcar a la píldora amarga: el espíritu democrático de poner orden a los sindicatos antidemocráticos, una peste en el país. Viene el gran demócrata e incluye la democratización sindical y hace gala de ella”, pero al final, afirma, fue una “cortina de humo” para no discutir el fondo de la reforma: la precarización y el abaratamiento del empleo.
El Legislativo, prosigue Bartlett, dividió la reforma en dos partes: la económica, que votan juntos priistas y panistas, sin discusión ni análisis, y la democrática. Así desviaron el debate de fondo de la reforma y redujeron su aprobación a un acuerdo entre el PRI y el PAN; al asunto sindical, más que a lo laboral.
“Esa cortina de humo en la Cámara de Diputados se descubre rápidamente. La quitan porque eso no le gusta a los sindicatos y queda lo que realmente quieren. Llega a la Cámara de Senadores y estalla el espíritu democrático de los panistas porque quitaron la parte sindical”, narra.
Fue entonces que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entró en pláticas con los panistas, que los ilusionaron al prometerles que votarían con ellos a favor de la democratización de los sindicatos, pero al final pactaron con los priistas.
“La bandera es correcta –admite–, pero la perversión de toda la maquinación para aprobar la reforma laboral es lo que hay que destacar. El PAN se compromete a votar con el PRD. En el PT tuvimos una actitud discreta. No estuvimos en esa negociación porque siempre tuvimos la duda. Al final nos garantizaron que ni un solo panista dejaría de votar con nosotros. La alianza era para ocho artículos, pero el resto de la iniciativa, la que causa el daño, la votaron el PAN y el PRI sin discusión”. El único que manifestó su voto en contra fue el senador panista Javier Corral.
De esos ocho artículos, se aprobaron cuatro; dos modificados en su totalidad, y el 388 Bis y 390 –los más incisivos con los sindicatos– salieron de la minuta.
“Esta tragicomedia termina en la discusión de dos artículos. Lo dañino ya está aprobado. Sale la reforma laboral como la habían diseñado siempre. Es toda una maquinación del PRIAN”, concluye.
Entre la elección presidencial y el pasado viernes 9, Calderón y Peña Nieto se han reunido siete veces. La primera fue cuando Peña Nieto ni siquiera había sido proclamado presidente electo.
El eje Calderón-PRI-Coparmex
Durante los 30 días de plazo legal para aprobar las iniciativas preferentes, el Legislativo realizó audiencias con especialistas, líderes sindicales, abogados laboralistas, académicos y dirigentes patronales para recabar argumentos a favor y en contra de la reforma.
“En esas dos semanas quedó en evidencia que ni los sindicalistas del PRI dijeron que nunca fueron considerados. Es una reforma patronal, impuesta por los patrones en beneficio de los patrones, y rompe el equilibrio social porque somete a los trabajadores a los designios del patrón. Es contraria al espíritu constitucional”, dice Bartlett.
El 18 de septiembre, el senador del PT presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para que el Senado regularizara el procedimiento de las iniciativas que fueran calificadas como preferentes.
“Las disposiciones vigentes de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no son suficientes para desahogar de manera eficaz el estudio de iniciativas de trámite preferente: no se puede equiparar un trámite ordinario a uno de 30 días naturales”, señaló su propuesta.
Otra violación que observa es que todavía no se instalaban las comisiones que analizarían la minuta de la reforma pero se creó al vapor una de Hacienda y Crédito Público, con carácter de técnica, que presentó un dictamen casi de inmediato.
En suma, para él “es una reforma anticonstitucional”, una imposición, porque no la discutieron a fondo. Incluso afirma que la mayoría de los legisladores no había leído la iniciativa.
El pasado martes 13, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el senador priista Carlos Romero Deschamps, admitió que no conoce el contenido de la reforma laboral que se discutía en el Congreso de la Unión, por lo que evitó comentarla.
“¿No siguió el debate que se ha dado en estos dos meses en torno a la reforma?”, le preguntaron los reporteros de la fuente. Aunque la minuta llegó por segunda vez al Senado la semana pasada y desde el jueves 8 se le dio entrada al pleno, el poderoso líder petrolero contestó:
“Sí lo seguí, pero la conclusión aquí todavía no la tenemos. Acaba de aprobarse, como ustedes mismos me dicen. Acaba de llegar a la cámara, habremos de conocerla y hacer los comentarios pertinentes”.
El 11 de octubre pasado, en el Senado de la República, se realizó la quinta audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con dirigentes sindicales y del Congreso del Trabajo (CT). Tras más de dos horas de discusión con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el senador y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Armando Neyra, se sumó al rechazo y pidió el retiro de la minuta; admitió que la reforma no fue consultada con los sindicatos, pero sí con los empresarios.
Ahí el dirigente colegiado de la UNT y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, advirtió que México se convertirá en un país de salarios cada vez más bajos y se abrirá la puerta al sindicalismo de protección, que existe desde los años veinte, pero era ilegal antes de que se consumara esta reforma.
El exdiputado fue apoyado por Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); el capitán Carlos Manuel Díaz, de la Asociación Sindical de Pilotos; Ricardo del Valle Solares, de la Asociación de Sobrecargos, y Héctor Barba, asesor jurídico de la UNT.
El jueves 8 los diputados y senadores priistas aprobaron la reforma laboral como –a decir de Bartlett– lo habían previsto desde el principio, sin incluir el tema de la transparencia sindical y favoreciendo la precarización del empleo.
Para el entrevistado, la “perversa” actuación de los legisladores de la derecha muestra el camino que pretenden establecer para aprobar otras reformas estructurales: “Ahora le toca a Peña Nieto, que ya hizo esta maniobra asociado con Calderón, hacer lo mismo con la reforma fiscal y la energética. Entonces está matado el Congreso”.
En medio de este debate, el 13 de septiembre el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, participó en la Sexta Conferencia Anual de Competitividad y Regulación, organizada por la Red Mexicana de Competencia y Regulación. Ahí declaró que “se necesita la flexibilización de la contratación, pero también la flexibilización para despedir a trabajadores sin que sea tan costoso para las empresas”.
En 2010 el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, el actual senador panista Javier Lozano, presentó una iniciativa elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que es la misma que impulsó en 2005 , desde la misma dependencia, el difunto Carlos Abascal. Entonces la rechazaron los 72 diputados obreros del PRI, entre ellos el líder de la CROC, exdiputado y ahora senador Isaías González Cuevas (Proceso 1744).
Para el senador petista, la única defensa ante la reforma laboral concebida para el exclusivo beneficio de los empresarios, es el amparo colectivo e individual de los trabajadores.
El 15 de noviembre, la UNT acordó tramitar una petición de inconstitucionalidad de la reforma, amparos indirectos de sindicatos que integran la organización y de los agremiados en particular.
En la Segunda Jornada Nacional por la Defensa de los Trabajadores, sindicatos como el de telefonistas y el STUNAM, que comparten la presidencia colegiada de la UNT, señalaron que impulsarán la declaración de invalidez o la de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Esta segunda se promoverá ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o bien por 33% de los diputados o por 33% de los senadores.
Bartlett, que se atribuye la propuesta de estas acciones, dice que tiene fundamento porque se violó la Constitución al aprobar esos cambios, pero también explica que para tramitarla se debe tener el apoyo de la tercera parte de los legisladores, proporción con la que no cuenta la izquierda.
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