“El Vicentillo”, asunto de seguridad nacional en Estados Unidos
J. JESÚS ESQUIVEL
2011-11-26 19:52:25 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
NARCOTRÁFICO
El caso del Vicentillo, cuyo juicio se inicia el 13 de febrero de 2012 en Estados Unidos, se le complica cada vez más al Departamento de Justicia. Su respuesta a la solicitud de la defensa de que esa instancia entregue toda la información en que se aluda a la presunta protección del gobierno de Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales capos –El Chapo y El Mayo, padre del inculpado– no satisfizo al juez Rubén Castillo, quien preside las diligencias preparatorias en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois. En el juicio está de por medio información sensible que compromete al gobierno de Estados Unidos.
CHICAGO.– Arrinconado por los argumentos de Jesús Vicente Zambada Niebla según los cuales la DEA protege al cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
El miércoles 16, la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago, recibió del Departamento de Justicia la siguiente notificación: “Se entregarán por escrito declaraciones juramentadas de Humberto Loya Castro, quien bajo este compromiso podría ser justificado para no presentarse como testigo durante el juicio de Zambada Niebla”.
Técnicamente, el documento firmado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald es una aceptación indirecta de que Loya Castro es el representante legal del Chapo (Proceso 1826), enlace entre el cártel de Sinaloa y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como un presunto criminal que colabora con el gobierno de Estados Unidos.
El juez federal Rubén Castillo, quien a partir del 13 febrero del próximo año presidirá el juicio contra El Vicentillo por delitos relacionados con el narcotráfico, aceptó parcialmente la propuesta de Fitzgerald: “Tienen hasta el 1 de diciembre de este año para presentar las declaraciones juramentadas y por escrito de Loya Castro”, respondió a los fiscales.
En la sesión de la Corte de la semana antepasada, el juez Castillo aclaró que, con base en el contenido de las declaraciones por escrito de Loya Castro, podrá determinar si éste será requerido o se le excusará como testigo en el juicio.
Castillo aún tiene en su mano la prerrogativa de pedir la desclasificación de los documentos que el gobierno insiste en mantener en secreto y se niega a entregar a la defensa del Vicentillo, quien es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, lugarteniente del Chapo y número dos en el mando del cártel de Sinaloa.
En la audiencia preparatoria realizada en Chicago para el juicio formal, el juez dio a la defensa del Vicentillo hasta el 6 de enero del próximo año para que presente más información que sustente su pedido de que el gobierno de Estados Unidos abra sus archivos para explicar y detallar su presunta relación con el cártel de Sinaloa y sus principales capos.
Para evitar exhibir sus presuntos nexos con El Chapo, el gobierno de Barack Obama apeló a la “seguridad nacional” y rechazó desclasificar documentos sobre la relación entre El Vicentillo y la DEA que le solicitó la defensa del hijo del Mayo.
“El gobierno tiene un interés y una legítima obligación en proteger la seguridad de la nación, lo cual está por encima de los derechos de la defensa (del Vicentillo) y del público a tener acceso a los documentos clasificados en este asunto”, dice el documento enviado por el Departamento de Justicia al juez Rubén Castillo.
En su solicitud, los abogados del Vicentillo pedían al Departamento de Justicia el acceso a los expedientes de todas las agencias federales involucradas en la lucha contra las drogas en los que se mencionara el nombre de su cliente.
“Es impracticable la entrega o el significado redactado en los materiales para darle a la defensa una explicación coherente de las implicaciones para la seguridad nacional”, anota el fiscal Fitzgerald en la respuesta de siete cuartillas entregada a la Corte de Chicago.
Los abogados del Vicentillo, George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola, encabezados por Edward Panzer, solicitaban a la Corte federal que obligara al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos que tiene en su poder para cimentar su estrategia durante el juicio.
Y ante el juez Castillo han pedido para su cliente la inmunidad total de los cargos que le imputan. El argumento de la defensa es que la DEA está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes por medio de un acuerdo firmado (cuyas evidencias –arguyen– están en la Corte) con Loya Castro, a nombre del Chapo y de la organización mencionada.
La respuesta de Fitzgerald dejó satisfechos a los abogados del Vicentillo. Panzer y Michaelson aseguran que las declaraciones por escrito de Loya Castro abrirán una caja de Pandora, la cual eventualmente obligará al Departamento de Justicia a proveer la información que evidencie la relación con El Chapo y la protección que ha dado la DEA al cártel de Sinaloa.
Los documentos
En los documentos entregados a Castillo y en los argumentos orales de las audiencias preparatorias al juicio, los defensores han insistido en que por intermediación de Loya Castro El Vicentillo trabajó como informante de la DEA, a cuyos agentes proporcionó información sobre las actividades delictivas de las organizaciones rivales del cártel de Sinaloa.
Asimismo, Panzer y sus colegas afirman que, a cambio de la información que Loya Castro dio a la DEA durante más de 15 años, y la que les proporcionó El Vicentillo, los agentes antidrogas permitían al cártel de Sinaloa realizar el trasiego de cargamentos de droga en territorio estadunidense sin contratiempos.
Hasta el momento, el gobierno de Obama no ha desmentido el argumento de la defensa de que El Vicentillo era informante de la DEA, pero niega que haya alcanzado un acuerdo con el hijo del Mayo Zambada tendiente a librarlo del proceso judicial y anularle los cargos que le atribuyen.
Fitzgerald y los fiscales Thomas D. Shakeshaft, Andrew C. Porter, Michael Ferrara y Marc Krickbaum, involucrados en el caso del Vicentillo, afirman en su respuesta al juez Castillo que “un funcionario” del Departamento de Justicia “con conocimiento suficiente y probado” sobre materiales clasificados hizo ya una revisión minuciosa a todos los expedientes del gobierno federal relacionados con Zambada Niebla.
En la página número cinco de la respuesta que entregó a la Corte de Chicago, el fiscal Fitzgerald subraya: “Con base en esta revisión se concluyó que no hay materiales clasificados que respalden el pedido de inmunidad que hace el acusado”.
La negativa del Departamento de Justicia a que se hiciera una presentación “ex parte” reservada de materiales secretos o clasificados en los que se mencionara el nombre del acusado abre más dudas respecto a la presunta protección y relación que pudiera tener el gobierno de Obama con la organización del narcotráfico que comanda El Chapo, a quien se considera en Estados Unidos como el criminal más poderoso del planeta.
La negativa de la fiscalía no evita que sus integrantes tengan que entregar a la Corte material secreto y clasificado. Bajo los estatutos de la llamada Acta de Procedimientos sobre Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en ingles), el juez Castillo podrá revisar a su gusto cualquier documento en poder del Departamento de Justicia.
Castillo también tiene la prerrogativa de obligar al Departamento de Justicia a desclasificar documentos, aun por encima del argumento de que se pone en riesgo a la seguridad nacional, para garantizar que bajo su tutela se haga un juicio justo al Vicentillo.
En estos momentos tanto la defensa como los representantes del gobierno de Obama preparan su estrategia jurídica para enfrentarse en el juicio al Vicentillo. Aun con la entrega de declaraciones por escrito y juramentadas, se mantiene latente la expectativa de que Loya Castro pueda ser solicitado como testigo por el juez o la defensa. Lo que está claro hasta el momento es que, para evitar exhibir los nexos de la DEA con el cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia hará todo lo necesario para impedir que el abogado del Chapo acuda a la Corte; incluso podrá recurrir al argumento de “riesgos a la seguridad nacional”.
Como parte de las órdenes que dio Castillo a la defensa y a la fiscalía el pasado 27 de octubre (Proceso 1826), el próximo lunes 28, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito a la Corte la lista de expertos y testigos para el juicio.
El miércoles 16, el juez Castillo le exigió al Departamento de Justicia que a más tardar el próximo 6 de enero entregue los nombres de los 10 testigos que pretende presentar en el juicio para invalidar el pedido de inmunidad del Vicentillo respecto de los cargos que le imputan.
El 1 de diciembre es la fecha límite para que el gobierno de Obama entregue a la Corte un expediente de 3 mil 500 páginas que presuntamente tiene en su poder para sustentar sus acusaciones contra El Vicentillo.
A su vez, el Departamento de Justicia tiene hasta el próximo 12 de diciembre para exhibir ante la Corte información adicional que considere pertinente para la realización del proceso.
El 3 de enero del próximo año el Departamento de Justicia debe presentar ante Castillo cualquier documento o material en poder de las agencias federales estadunidenses que tienen agentes operando en México y en los cuales se mencione el nombre del Vicentillo.
Finalmente, el 17 de enero de 2012 se deben entregar las respuestas a las peticiones de la defensa y la fiscalía.
La próxima sesión de preparación para el juicio será el 13 de diciembre en Chicago. Como ya es costumbre, y por cuestiones de seguridad, El Vicentillo participará en la audiencia vía-teleconferencia, ya que se encuentra confinado en una prisión de la ciudad de Milán, en el estado de Michigan.
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