PROCESO: La campaña del derroche - EDOMEX

La campaña del derroche
JENARO VILLAMIL
26 DE JUNIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, POLÍTICA
La maquinaria priista mexiquense se ha valido de todo con tal de posicionar a su candidato Eruviel Ávila, a quien las encuestas colocan muy por encima de su contrincante más cercano. En su empeño por garantizar 2.2 millones de votos para Eruviel, equivalentes a 52% de los sufragios, ha comprado a ciudadanos y aun a autoridades electorales, además de instrumentar un avasallante despliegue publicitario en medios electrónicos. Los seguidores del perredista Alejandro Encinas sostienen que es escandaloso que en menos de 45 días de campaña Ávila haya derrochado 500 millones de pesos.

Además de corta e inequitativa, la campaña de Eruviel Ávila, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, se ha caracterizado por el despilfarro: más de 500 millones de pesos en menos de 45 días.
A esos excesos del priismo por asegurar los votos de más de 2 millones de los 10 millones 291 ciudadanos empadronados, se suma la opacidad con la que vienen operando el Tribunal y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como la proliferación de encuestas –verdadero “mecanismo de mercadotecnia”– a favor del oficialismo. Aun así, en esos órganos electorales se pronostica que el abstencionismo será de 60%.
Este año el presupuesto total para los comicios, que incluye organización, prerrogativas de los partidos políticos y promoción del voto, es de 2 mil 393 millones 143 mil 104 pesos. Si el domingo 3 de julio votan menos de 4 millones de los electores, el sufragio mexiquense será de 598 pesos (casi 60 dólares), uno de los más caros del mundo. Si acudieran a votar todos los empadronados, el costo se reduciría a 232 pesos (20 dólares).
En Brasil, el costo es de 0.29 centavos de dólar; en Colombia, de 1.95 dólares; en Panamá, 5.25 dólares, y en Costa Rica, 8.58 dólares, según el informe de Fundaciones Electorales Internacionales para Sistemas (IFES, por sus siglas en inglés).
Observadores electorales aseguran que el costo real de cada voto mexiquense es mucho mayor, sobre todo por el despilfarro de la maquinaria gubernamental priista para imponer a Ávila, candidato de la coalición Unidos por Ti (PRI-Panal-Partido Verde).
Reportes recabados y confirmados por Proceso indican que el PRI destinará entre mil y 2 mil pesos para el pago de 35 mil representantes titulares y suplentes de casillas; es decir, gastará entre 35 millones y 70 millones de pesos sólo en ese rubro.
Además, a los representantes generales de los 45 distritos electorales el partido les paga entre 22 mil y 30 mil pesos mensuales, y destinará un representante de zona por cada 10 casillas en municipios rurales y uno por cada cinco en regiones urbanas. A cada uno le paga entre 5 mil y 10 mil pesos.
Los candidatos Alejandro Encinas, de la coalición Unidos Podemos Más (PRD, PT, Convergencia), y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, sostienen que Ávila rebasó ya el tope de gastos de campaña, estimado en 600 millones de pesos: 203 millones provenientes de los recursos públicos y el resto de fuentes privadas.
El propio IEEM ha acreditado en sus reportes preliminares la concentración de recursos: Ávila acapara 76% de los 48 mil anuncios en bardas, espectaculares, lonas y pegotes en las unidades de transporte público; Encinas ocupa 11% y Bravo Mena menos de 7%. Hasta el informe preliminar del IEEM del jueves 23, Ávila concentraba 71% de la publicidad de los candidatos.
Lo anterior no incluye los recursos gubernamentales ni la “publicidad encubierta” que la administración de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los alcaldes priistas mexiquenses han destinado a favor de su candidato.
El PRD presentó la queja 88 ante el IEEM en la que acredita que el gobierno estatal desplegó 2 mil 568 instrumentos propagandísticos, entre espectaculares, bardas, lonas y anuncios en transporte público para inducir el voto a favor del candidato priista, por lo que pedía al secretario general del IEEM que ordenara las medidas cautelares para retirar esa propaganda.
Ante el rechazo del instituto, el PRD interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (expediente SUP-JRC-162/2011). Según el documento, el tribunal dio un plazo de 72 horas al instituto para que ordene el retiro de por lo menos 900 elementos propagandísticos. El plazo se cumplió el viernes 24 a las 10 de la mañana. Hasta el cierre de edición, el organismo electoral aún no acataba la instrucción.

Operación millonaria

Observadores electorales como Bernardo Barranco, exconsejero electoral estatal y promotor del sitio electrónico www.votolimpio.org, sostienen que el gobierno, de Peña Nieto y su partido han invertido todo para garantizar el triunfo de su candidato con un margen de más de 30 puntos y asegurar que el rebase de tope de gastos de campaña no sea causal de nulidad.
El artículo 299 del Código Electoral Estatal establece que el tribunal podrá declarar la nulidad de la elección si el candidato excede “los topes para gastos de campaña establecidos por el presente código, de manera determinante para el resultado de la elección”. Las otras causales son utilizar recursos de procedencia ilícita o de programas sociales, siempre y cuando los acredite el IEEM, dominado claramente por el oficialismo.
Según los cálculos de sus correligionarios, Ávila ganaría con menos de la cuarta parte del padrón (2.2 millones de votos, equivalentes a 52% de los sufragios emitidos).
“Esta es la crónica de un fraude anunciado”, subraya Barranco. Y pone el acento en la complicidad de los integrantes del IEEM y la pasividad de los representantes de los propios partidos opositores que aceptaron el acuerdo del Consejo General del organismo para ordenar revisiones precautorias a los gastos de campaña, pero establecieron un “candado” para que los resultados se conozcan hasta después de la segunda semana de agosto.
Hasta el martes 21, Encinas era el único de los candidatos que informó sobre sus gastos de campaña. Dijo que había gastado 102 millones 957 mil 900 pesos y que le sobraban 34 millones para el cierre.
El coordinador estatal de la campaña del PRD, Luis Sánchez, estima que los seguidores de Ávila habían rebasado el tope de gastos de campaña hasta en 200%.
El exsenador priista Mauricio Valdés asegura que el costo real de la campaña del PRI asciende a 10 mil millones de pesos. De esa suma, dice, entre 2 mil y 3 mil millones son para la compra de votos; alrededor de 4 mil millones son para la propaganda en medios electrónicos, y el resto para la mercadotecnia electoral.
Viejo adversario del llamado Grupo Atlacomulco y exaspirante a la gubernatura mexiquense, Valdés dirige el Parlamento Ciudadano y es un conocedor del modus operandi del aparato gubernamental en el estado durante los procesos electorales.
Las pistas de ese dinero no están sólo en las cuentas de la campaña del PRI, sino en la maquinaria del gobierno del Estado de México, de los municipios y de los principales empresarios que apoyan de manera abierta al candidato priista. El objetivo es que Ávila gane con más de 50% de los votos emitidos.
El dispendio de los priistas es grave en una entidad donde 7 millones 415 mil de sus habitantes son pobres; más aún donde, de acuerdo con un estudio presentado por Valdés recientemente, desde la crisis de 2008-2009 un total de 783 mil mexiquenses son considerados “nuevos pobres”.
En materia educativa, por ejemplo, el Estado de México también padece rezagos importantes: sólo 52 de cada 100 niños que ingresan a primaria terminarán el bachillerato y apenas 21% se matriculará en la universidad.

Pillerías y encuestas electorales

La parcialidad del IEEM ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que fue videograbado cuando en un mitin del Valle de Chalco recomendó que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011, que ordena al órgano técnico de fiscalización hacer la revisión precautoria de los gastos de campaña. Sin embargo, sus integrantes pusieron un “candado” para que el dictamen final se conozca seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.
El domingo 12, la mayoría de los consejeros electorales dijeron que carecían de facultades para sancionar a García Cisneros porque era funcionario público. Sólo uno de ellos, Abel Aguilar, señaló que la secretaría general y el consejo general del IEEM sí tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.
Bernardo Barranco calificó la decisión del órgano electoral de un “Aburto electoral”. “Tal parece –dijo– que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante 10 años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.
Por lo que atañe a llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, el cual establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, declaró a los medios el miércoles 22 que ese acuerdo “prefigura un fraude electoral, ya que pretende blindar a Eruviel Ávila”.
Integrantes de la coalición que impulsa a Encinas comentaron al reportero que ya apelaron ante el Tribunal Electoral del Estado de México para que los gastos de campaña se conozcan a mediados de agosto, antes de la calificación de la elección.
De no obtener resultados, dijeron, llevarán el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun cuando esta instancia ha actuado a favor del priismo y del gobernador mexiquense, a quien exoneró en octubre del año pasado por difundir spots televisivos de su quinto informe de gobierno en cadena nacional.
Durante la minicampaña de 45 días hubo cuatro debates televisivos, dos organizados por Televisa y dos por el IEEM. En tres de ellos ganó Encinas. Sin embargo, ninguno de esos eventos influyó en las preferencias electorales, de acuerdo con el seguimiento que realiza cada día el Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), dirigida por el exsecretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, cercano a Peña Nieto y al Grupo Milenio.
En las encuestas de GCE, Ávila inició con 48.7% de las preferencias y llegó a 53.4%, mientras Encinas inició con 24.25% y disminuyó a 19.4%. El caso más dramático es el de Bravo Mena, quien comenzó la campaña con 20% y bajó a 12.9%, según el último reporte del viernes 24.
El miércoles 22, el día del cuarto debate televisivo, El Universal y Reforma publicaron encuestas que arrojan datos similares: Ávila tiene 59% de las preferencias, Encinas 27-26% y Bravo Mena 14-15%.
El viernes 24 estuvo en Cuautitlán Izcalli, donde participó en un foro sobre medios públicos. Ahí denunció: “Éste es el único caso del mundo en donde quien gana los debates televisivos baja en las encuestas… No es un fenómeno nuevo la manipulación de las encuestas”, advirtió Encinas.
El perredista recordó que en varios comicios estatales de 2010 las encuestas de GCE tuvieron amplios márgenes de error: en Veracruz fue de 15%, en Puebla de 12%, en Guerrero de 18% y en Sinaloa de12.6%.

Delitos electorales

En su afán por posicionar a su candidato Eruviel Ávila, los priistas se han valido de todo: acarreo de votantes, en particular de los indígenas que acuden a mítines sin conocer el nombre del aspirante, como lo acreditó un video del canal EfektoTV; reparto de dádivas y de tarjetas a cambio de la credencial de elector; la utilización de fundaciones privadas como la Isidro Fabela, dirigida por Arturo Peña del Mazo, tío del actual gobernador, y el uso de niños y escuelas para proselitismo electoral.
El martes 21 se subió un video a Youtube donde se observa a niños de la secundaria 582, General Francisco Villa, de Chimalhuacán, fabricando banderines con el lema “Eruviel, gobernador”, con el logotipo de Antorcha Popular. Los representantes de la coalición que impulsa a Encinas pusieron una queja ante el IEEM contra la directora del plantel, Marisol Vázquez González; el profesor Luis Casique Pérez, hermano del diputado local priista Miguel Ángel Casique, dirigente de Antorcha Popular; las autoridades estatales, así como contra Eruviel Ávila por presuntas violaciones a los artículos 134 de la Carta Magna y 129 de la Constitución mexiquense y por utilización de infraestructura pública para labores proselitistas a favor del PRI.
El priista Ávila tuvo dos megaconcentraciones con militantes de Antorcha Popular: El 29 de mayo estuvo en Chimalhuacán, donde se reunieron 30 mil personas llevadas por esa organización; el lunes 20 fue a Ixtapaluca, donde prometió firmar “los decretos expropiatorios que sean necesarios” para regularizar los terrenos. Habló ante 50 mil integrantes de Antorcha Popular.
Respecto de la fundación que dirige Peña del Mazo, se le acusa de prometer a grupos estudiantiles y a los colonos que lideran Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto el pago de 2 mil 100 pesos semanales para realizar labores proselitistas.
Proceso obtuvo la copia de una carta fechada el 27 de abril, donde el tío del actual gobernador ofrece “la contratación de 2 mil jóvenes para laborar en trabajos varios de la campaña electoral del Estado de México a través de la Fundación Cultural Isidro Fabela, A.C.”. El documento tiene la firma de Peña del Mazo.
Como el organismo no cumplió, los dirigentes estudiantiles y de colonos protestaron hace tres semanas. Las autoridades los arrestaron y les cobraron 10 mil pesos para dejarlos en libertad.
Lucía Ibarra Romero y María del Carmen Aburto comentan al reportero que han recibido amenazas telefónicas en las que sus interlocutores les dicen que “le bajen a su denuncia” y retiren las demandas que presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la procuraduría mexiquense.

¡AMLO 2012!