PROCESO: La ley que no fue Jesusa Cervantes

La ley que no fue
Jesusa Cervantes


Sólo 16 días antes de concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a un par de meses de la elección del Estado de México y a poco más de un año de la elección presidencial, el coordinador  de los diputados priistas, Francisco Rojas, en acuerdo con el PAN, empezó a presionar al resto de los partidos para aprobar las reformas a la Ley Nacional de Seguridad.

En ésta fincaba el gobierno de Felipe Calderón sus esperanzas de  legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, de abrir la puerta al estado de excepción y de autorizar el uso de la fuerza a discreción del Ejecutivo.

Primero en la Junta de Coordinación Política, que encabeza la presidenciable panista Josefina Vázquez Mota, se aceptó la discusión del predictamen de 81 cuartillas elaborado por el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, en donde se plasmaron las demandas del Ejército que no pudieron incluirse en la minuta del Senado. Incluso se pidió que, si bien la minuta está en cinco comisiones, sólo se procesara en una de ellas a fin de ahorrar tiempo y avalarla en el pleno antes del 30 de abril.

Pero el lunes 25, cuando el resto de los partidos propusieron cambios sustanciales al documento y la Sedena recibió la nueva redacción, empezó a cerrarse la posibilidad de aprobar  la reforma en ese plazo. Rojas convocó para el día siguiente al consejo consultivo de su fracción, integrado por los coordinadores estatales de sus 237 legisladores.

La primera en hablar fue la expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien molestó a Rojas al plantear sus dudas en tono provocador, según asistentes al encuentro.

“Lo primero que tenemos que preguntarnos es a quién le interesa sacar esta ley. Y no sé si se ha tenido contacto con el Senado. Recordemos que ahí el PRI es segunda fuerza. Por otra parte, nos quedan tres días de sesión. ¿Se podrá sacar? Otra: cómo dictaminarla, pues no sé si se previó que las cinco comisiones en las que se encuentra deben dictaminarla”, dijo Beatriz Paredes.

Para incomodidad de Rojas, la cenecista soltó: “¿Ya se midió el impacto político, sobre todo en procesos electorales, en el proceso que viene?”. Se refería a la elección del 4 de julio en el Estado de México.

La secundó Gerardo Sánchez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina: “¿Se pretende aprobar en forma apresurada? Hay que tener cuidado: recordemos lo que nos sucedió con la reforma laboral (sepultada por la oposición luego de que se pretendió dar un albazo)”. El tamaulipeco Carlos Flores Rico se manifestó en el mismo sentido. Para apaciguarlos, Claudia Ruiz Massieu, quien elaboró el predictamen con Navarrete, aclaró que llevaban “mucho tiempo trabajando” en él.

Fue entonces cuando Felipe Solís Acero, cercano a Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no se trataba “de una corrección” a la minuta enviada por el Senado, “sino de  una nueva ley”. Rojas, ya desesperado, argumentó que era el momento de “demostrar que hacemos todo por México… y que deberíamos hacer uso de nuestra mayoría”, cuenta uno de los presentes.

Y cuando Rojas dijo que no es experto en seguridad “pero debemos confiar en nuestros compañeros (Navarrete Prida y Ruiz Massieu)”, Gerardo Sánchez le recriminó: “Si eso ocurre, mañana miércoles no sabremos cómo procesar el tema en la reunión previa de todo el grupo parlamentario”. Solís Acero remachó: “No podemos hablar de lo que no conocemos”, ya que en ese momento ninguno de los legisladores priistas tenía el documento.

La diputada y secretaria general de la dirigencia nacional del PRI, Cristina Díaz, les recordó: “Debe estar el PRI unido, platicar con el Senado para mantenernos unidos hasta el 2012, la elección presidencial”. Rojas replicó: “Pero si nosotros siempre sacamos lo que el Senado nos manda”.

Para zanjar el tema de momento, el predictamen llegó en la media noche del martes 26 al correo de cada legislador priista; y en el Consejo Consultivo se acordó no abordar el tema en la reunión previa del miércoles 27 de abril.



Objeciones de la Sedena



El mismo martes 26 llegaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) las seis modificaciones a la iniciativa de ley propuestas por la oposición. Tres se consideraron inaceptables.

Según apuntes en poder de Proceso, la primera es la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en actos relacionados con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o social. La posición de la Sedena es que debe hacerse la excepción cuando dichos movimientos sociales constituyan una amenaza a la seguridad.

La dependencia desaprobó igualmente la propuesta de especificar que la información para generar inteligencia se recabe con medios y procedimientos lícitos, aunque sí aceptó la acotación de que dicha labor se realizara con respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.

El otro punto inaceptable para la Sedena es que “sólo a ellos” se les mencionara explícitamente como los que, en caso de cometer un ilícito, serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes, no así los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República o del propio Cisen. El argumento de la dependencia es que toda la autoridad jurisdiccional debe regir su actuación y sus acciones se sujetan a la revisión de una autoridad superior.

Para entonces aún se esperaba que estas inconformidades pudieran discutirse. Sin embargo, el martes 26 y el miércoles 27 se presentaron en la Comisión de Defensa Nacional el poeta Javier Sicilia; el sacerdote José Alejandro Solalinde; el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la familia Lebaron de Chihuahua y Eduardo Gallo y Tello, así como Ricardo Sepúlveda, del Observatorio Nacional Ciudadano; Karime Suri, de Incide Social; Ignacio Suárez Huape, de la Red por la Paz y la Justicia; y Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Todos les recriminaron a los diputados que se pretendiera votar una “ley criminal” para sistematizar la violencia y no la paz. Señalaron que si  aprobaban los cambios serían considerados “traidores” a la ciudadanía. El padre Solalinde incluso les advirtió que la sociedad está organizada y que ellos están dispuestos a dar la vida por defender sus derechos.



Encontronazo panista



El miércoles 27, el diputado Porfirio Muñoz Ledo abandonó el salón donde se encontraban los activistas de derechos humanos y se fue al pleno para hablar con el panista Javier Corral, presidente de la comisión de Gobernación. Regresó y soltó el petardo: “Vengo de hablar con Javier Corral y me envía un mensaje: no convocará a su comisión para dictaminar la citada ley”.

Fuentes especializadas en temas de seguridad revelaron que esa noche la Presidencia de la República ya buscaba el modo de deshacerse de la reforma y evitar que el tema se discutiera. El mensaje de Corral, a quienes algunos panistas identifican con el grupo de Santiago Creel –otro aspirante a la candidatura presidencial del PAN–, fue el pretexto que buscaba Felipe Calderón.

Al día siguiente, jueves 28, la fracción del PRI realizó su plenaria para discutir el tema. Ahí, Navarrete Prida expuso su documento y César Augusto Santiago comentó que en varios aspectos requiere de una adecuación constitucional; también destacó que faltaba zanjar el hecho de que el documento fue elaborado por “un grupo de trabajo” y no por una de las comisiones a las que se turnó la iniciativa.

Luego sugirió realizar un seminario durante el receso, “revisar el tema y decidir si se convoca a periodo extraordinario”, pero Navarrete consideró que “más adelante no habrá condiciones para citar a un periodo extraordinario”.

La diputada Carolina Viggiano, cuñada del dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, criticó la ambigüedad del dictamen, su contraposición con varias leyes, y que “se pretende institucionalizar” la presencia del Ejército en las calles. La mayoría de la bancada coincidió con ella cuando alertó que “la aprobación tendrá un alto costo político para el PRI, ya que no hay tiempo para procesarla”.

Navarrete Prida informó que el día anterior les había comunicado a los organismos de derechos humanos que no convocaría a la Comisión de Gobernación, primera a la que se le dio el turno legislativo y por lo tanto la primera obligada a dictaminar la iniciativa.

Al respecto, el coordinador Francisco Rojas pidió a los priistas “esperar los efectos de las declaraciones de Corral” y les dejó entrever que se le dejaría al PAN el costo político. Por lo pronto, Rojas iba a medir “el pulso” en la Junta de Coordinación Política, que se reuniría enseguida.

A las 12 del día, al arrancar la junta, la coordinadora panista Josefina Vázquez Mota impulsaba la aprobación en su bancada mientras Javier Corral mantenía su posición de no convocar a la Comisión de Gobernación. “La decisión de Corral –comentó un diputado del PRI– sirvió para que Calderón se desistiera luego del rechazo de la sociedad civil, y para nosotros fue el pretexto perfecto para dejar el tema”.

Finalmente, la Junta de Coordinación Política determinó que la reforma se dictaminara en tres comisiones: Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional, además de convocar a la sociedad civil para que aporte sus propuestas. La junta decidió reunirse el 17 de mayo a fin de evaluar si convoca o no a un periodo extraordinario para votar la ley.

¡AMLO 2012!