PROCESO: Ahora sí, los priistas quieren ser “oposición”

Ahora sí, los priistas quieren ser “oposición” Jenaro Villamil 

Una vez aprovechada al máximo la raja política que consiguieron los priistas al ser comparsas del gobierno calderonista, ahora su cúpula dice que pintará su raya. El distanciamiento del PRI con el gobierno federal está marcado por hechos concretos: sus críticas ante la situación por la que atraviesa el país, el desaire al presidente al no acudir a los Diálogos por la Seguridad y el convencimiento de que desde Los Pinos se opera una turbia estrategia para impedir que el tricolor gane la Presidencia en 2012.

Atrincherados en el Congreso, donde presidirán las mesas directivas de ambas cámaras en el periodo ordinario 2010-2011, los priistas dejaron de ser la “oposición leal” al gobierno de Felipe Calderón para convertirse en los adversarios más críticos de su administración, convencidos de que existe una “operación de Estado” para frenar su retorno a Los Pinos en las elecciones de 2012.

La disputa no se circunscribe a las alianzas electorales entre PAN y PRD que provocaron la derrota del PRI en tres entidades estratégicas: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Se ha exacerbado porque los priistas culpan al gobierno calderonista de la “la gravísima situación que vive el país en todos los órdenes”, y por sus críticas a los recientes Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente.

Para el grupo parlamentario del PRI en el Senado estos encuentros son “discursos o artilugios mediáticos que pretenden lesionar el clima de cooperación necesario para recuperar la seguridad y fortalecer la justicia en el país”. Así lo puntualizó el documento de la agenda legislativa aprobada por la Tercera Reunión Plenaria de senadores del PRI efectuada en Acapulco, Guerrero, del lunes 23 al martes 24.

En esa reunión, el coordinador de los 237 diputados del PRI, Francisco Rojas, se quejó que a menos de 10 días de la presentación del paquete impositivo y de la distribución del presupuesto el gobierno de Felipe Calderón no ha tenido “ni una sola plática ni una llamada telefónica” con la mayoría priista en San Lázaro.

Del martes 24 al jueves 26 se reunieron en Ixtapan de la Sal, Estado de México, 237 diputados del PRI y sus 21 legisladores aliados del Partido Verde Ecologista de México. En ese foro, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, anunció que su partido acordó disminuir de 16% a 15% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y subrayó que existe consenso entre los legisladores para rechazar “todo planteamiento que implique aumentar impuestos a alimentos y medicinas”.

Las diferencias entre el gobierno y los priistas se agudizaron a raíz de los cambios ordenados por Felipe Calderón en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), donde se operó la renuncia de Héctor Osuna para colocar a Mony de Swaan, un funcionario incondicional del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar.

Los cambios abruptos en el gabinete como la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación o el intento de que el Senado apruebe el nombramiento de Patricia Flores, excoordinadora de la Oficina de la Presidencia, como embajadora en Portugal, han abonado los desacuerdos.

“De una u otra manera ya hay signos de una tentación autoritaria por parte del presidente. El caso de Cofetel es una tentación autoritaria llevada al extremo”, sentencia Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI y próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado.

–¿Está de acuerdo con la valoración del jurista Diego Valadés en el sentido de que el país se acerca al “colapso institucional”? –se le pregunta a Beltrones.

–El tema de fondo es que las cosas no funcionan. Y no funcionan porque buena parte de las instituciones que fueron planeadas para un México distinto, no tan plural, no han sido modificadas.

“El debate de fondo con el gobierno es ¿hay interés en modernizar el sistema presidencial mexicano o simplemente hay una serie de mascaradas que el Ejecutivo federal, junto con su partido político, sigue para tratar de encubrir su obstrucción a la modernización del sistema presidencial?”, plantea.

Elecciones de Estado

En el cónclave de Acapulco la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, alertó a los legisladores que el gobierno federal buscará frenar el avance priista en las elecciones de Guerrero y el Estado de México en 2011.

La renuncia del senador Ángel Heladio Aguirre al PRI, para buscar la candidatura opositora al gobierno de Guerrero, cayó como balde de agua fría en la plenaria de Acapulco. Ese mismo día, Felipe Calderón encabezó en el puerto guerrerense un evento con la lideresa magisterial y exdirigente priista, Elba Esther Gordillo. Ahí se confirmó que Aguirre contará con el apoyo del Panal, partido vinculado a Gordillo, para enfrentar a Manuel Añorve, el abanderado tricolor.

La disputa electoral se tornará más intensa en 2011, sobre todo ante la posibilidad de una alianza entre PRD y PAN en el Estado de México, el bastión de Enrique Peña Nieto, principal precandidato priista a la Presidencia.

Al inaugurar la reunión de los diputados priistas en Ixtapan de la Sal, Paredes acusó al gobierno federal de realizar en las elecciones de 2010 “un manejo inescrupuloso del recurso federal de varias dependencias estatales y de una maquinación para realizar una elección de Estado”.

El martes 24, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió un dictamen del IFE y consideró que Felipe Calderón sí violó el artículo 41 de la Constitución y la Ley Electoral, con sus mensajes televisivos transmitidos entre el 15 y 30 de junio pasados.

La queja fue interpuesta por el PRI ante el IFE, pero el organismo electoral desechó la acusación inicial al plantear que los mensajes no fueron transmitidos en cadena nacional, sino por “decisión particular” de cada concesionario de medios electrónicos. El tribunal electoral le dio la razón al instituto.

–¿Cuáles son las razones de este endurecimiento? –se le pregunta al senador Pedro Joaquín Coldwell, responsable de presentar el documento de conclusiones de la plenaria de Acapulco.

–Creo que el PRI ciertamente tiene posiciones ahora más críticas, pero sigue siendo oposición responsable. Los priistas tenemos una cultura política de la institucionalidad. Nos parece también que, en la medida que ha avanzado el gobierno, los resultados no se ven y sí tenemos una gran preocupación por la gravísima situación por la que está pasando el país en todos los órdenes.

“El estancamiento económico es hoy una lamentable realidad. La recuperación económica no es tal. Hay una extensión de la violencia y de la inseguridad pública por todo el país. Hay una gran descomposición del clima social, del tejido social en nuestro país; sería realmente irresponsable de parte del PRI no señalar estas fallas y esta falta de resultados, sobre todo cuando parece que el gobierno federal le quiere transferir las culpas al PRI. El gobierno no quiere asumir su responsabilidad que tiene como conductor de la nación”, plantea el exgobernador de Quintana Roo.

Pemex y el IMSS, quebrados

Senadores que hasta hace dos años se les consideraba aliados del gobierno de Calderón, como el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, han transformado su posición cautelosa para insistir en la gravedad de la situación económica, particularmente en el quebranto de áreas sustanciales como Pemex y el Banco de México.

El exgobernador de Sinaloa que tiene a su cargo en el Senado el análisis de los aspectos económicos señaló en la plenaria de Acapulco que la actual administración panista está “llevando a la bancarrota” al IMSS que, para 2012, registrará un déficit operativo de 34 mil millones de pesos.

Agregó que Pemex “está quebrado”, pues arrastra un pasivo superior a los 5 mil 500 millones de dólares. Como remate se refirió al hecho de que en el Banco de México existe un capital negativo de 50 mil millones de pesos.

“¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que hay ocultamiento de problemas que no se están tocando; que no se está informando a la sociedad y, sobre todo, no se están tomando medidas para solucionar la problemática que estamos viendo”, sentencia Labastida.

El miércoles 24, Calderón le respondió a Labastida negando que se ocultara información o que existiera un riesgo de bancarrota en Pemex o en el IMSS. Al preguntarle qué opinaba de la respuesta del presidente, el exgobernador de Sinaloa insistió: “Si siguen por este camino, hay riesgo de privatizar Pemex”.

–Usted fue uno de los principales apoyos priistas en la reforma energética. ¿Por qué este cambio de actitud ante el gobierno de Calderón? –se le plantea.

–Uno de los objetivos de la reforma era darle instrumentos a Pemex para que funcionara más como empresa, con un gobierno corporativo, que pudiera decidir dentro del Consejo de Administración lo que es mejor para el organismo. Creo que en el camino al gobierno no le gustaron estos cambios y han metido gente que va en contra de este propósito o que no son los funcionarios más idóneos: metieron como gerente de Finanzas a un ingeniero en Alimentos; nombraron como director de servicios de tierra al excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche que tiene como antecedente profesional haber vendido coches; colocaron como gerente de Pemex Refinación a un abogado, cuando tienen ingenieros químicos con más de 20 o 30 años de experiencia.

“Creo que en el camino, los panistas se arrepintieron de lo que se había hecho y la consecuencia final es que estamos hoy en el peor de los mundos posibles: tenemos lo peor del viejo sistema y los cambios incompletos. Estamos a la mitad y esto no va a dar buenos resultados.”

–¿Usted apoyará el proyecto calderonista de las Administradoras Públicas y Privadas, cuya minuta está aún en el Senado?

–Es el proyecto más desmantelador que yo había visto en toda mi vida de funcionario público. Ese proyecto significa la privatización de todos los servicios públicos, por eso estamos proponiendo nuevos cambios a la minuta.

–¿Hay posibilidades de sacar esos avances con el PAN? –se le insiste.

–No, en todo caso, los sacamos con el PRD –afirma Labastida.

Proyectos “desmanteladores”

Hace un año, en septiembre de 2009, la actual diputada federal y presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, junto con un grupo de gobernadores encabezados por el mexiquense Enrique Peña Nieto negociaron con los secretarios de Hacienda y de Gobernación la aprobación del paquete fiscal para 2010.

A pesar del jaloneo y de la oposición de senadores del PRI y del PAN, finalmente se aprobó el incremento del IVA de 15% a 16%, cuya paternidad tuvo que asumirla el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens. A cambio, los gobernadores del PRI lograron un incremento sustancial a las partidas presupuestales, en especial la bolsa de 16 mil millones de pesos en el Fondo General de Participaciones.

El pacto entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón se rompió cuando el dirigente nacional panista César Nava acusó al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto de aprobar el paquete fiscal a cambio de que no se realizaran alianzas electorales opositoras en los comicios del Estado de México de 2011.

Al darse a conocer el famoso “convenio de colaboración” que firmaron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, junto con César Nava, líder nacional del PAN, y Luis Enrique Miranda Nava, secretario general de Gobierno mexiquense, se produjo un escándalo mayúsculo y un distanciamiento que desembocó en un agrio “ajuste de cuentas” entre el PRI y el PAN en marzo de 2010.

La situación se tornó más tensa en vísperas de los 12 comicios estatales de este año para elegir gobernadores. Con el beneplácito de Los Pinos, el PAN armó alianzas con el PRD en la mitad de esas entidades y triunfó en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, arrebatándole las gubernaturas al PRI.

Una semana antes de los comicios del 4 de julio, el asesinato del candidato priista a gobernador en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, unificó a todos los grupos del tricolor en contra de la política de combate al narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón.

En un duro comunicado, Beatriz Paredes rechazó el llamado al diálogo y le recordó al panismo que el PRI desempeñó un papel clave para superar el conflicto poselectoral de 2006, y facilitar la instalación del gobierno de Calderón.

Además de las disputas de índole electoral, los desencuentros entre PAN y PRI se recrudecieron a raíz de los cambios en el gabinete: la salida de Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación prácticamente suprimió la interlocución entre el gobierno de Calderón y los grupos priistas. Además, la designación de Ernesto Cordero como titular de Hacienda fue señalada como una “maniobra de Los Pinos” para impulsarlo a la candidatura presidencial en 2012.

En las últimas dos semanas, el distanciamiento entre el gobierno y los priistas se hizo más notorio por la realización de los Diálogos de Seguridad, convocados por Los Pinos, a los que no acudió ninguno de los coordinadores legislativos del PRI.

El Revolucionario Institucional ha rechazado el planteamiento de crear una policía única y ha insistido en revisar la estrategia que ha seguido el gobierno en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El actual secretario general del PRI, el senador Jesús Murillo Karam, destaca que tras la nueva iniciativa existe una intención electoral. “Nosotros lo que no queremos es prestarnos al juego de que se nos imponga una tesis y en la que te digan que si no estás de acuerdo eres narco o cómplice”, afirma el exgobernador hidalguense.

“Es evidente que se buscan culpables, que se trata de encontrar culpables ante todas las ineficiencias que se tienen y fundamentalmente ante los éxitos del PRI y ante la fuerza de los candidatos priistas”, remata Murillo Karam, quien fue el último negociador de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que al final se quedó atorada en la Cámara de Diputados.

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