PROCESO.COM.MX - Impreso 1709 | Reportajes | Los abusos del calderonismo | GLORIA LETICIA DíAZ

PROCESO.COM.MX - Impreso 1709 | Reportajes | Los abusos del calderonismo | GLORIA LETICIA DíAZ: "Los abusos del calderonismo
GLORIA LETICIA DíAZ
De acuerdo con las tendencias actuales, el gobierno de Felipe Calderón se perfila para superar con mucho a sus antecesores priistas y al panista Vicente Fox en los registros de atentados contra la libertad de expresión.

Esta opinión es sostenida por Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, autora de Libertad de expresión. Revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, su libro más reciente, publicado por la Fundación para la Libertad de Expresión.
La académica asegura que los periodistas mexicanos no sólo están expuestos a desa­pariciones, asesinatos y amenazas. También, indica, las leyes suelen ser utilizadas de manera abusiva para demandarlos, en tanto que la restricción de publicidad gubernamental se usa como “mecanismo de castigo a los medios críticos”.
Gómez Gallardo ha participado como litigante en tres casos emblemáticos de atentados contra la libertad de expresión: Gerardo Sosa Castelán vs. Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa; Regino Díaz Redondo vs. Miguel Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez y Canal Once, y Consuelo Villalobos Ortiz vs. Eduardo Huchim, Rubén Lara y otros.
Esos procesos judiciales le han permitido a Gómez Gallardo fortalecer las bases de investigación para el trabajo que desarrolla en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa.
Los litigios, comenta, tienen elementos comunes con casos como el de Marta Sahagún contra Proceso y la periodista argentina Olga Wornat.
“En todos esos juicios –dice– hay irregularidades cuando se tramitan. El propio Poder Judicial, en el mejor de los casos, no está a la altura por ignorancia, pues sus integrantes desconocen las leyes en la materia. En el peor, están plagados de artimañas legales de las que se valen los demandantes para chicanear los procedimientos a fin de alargarlos”.
Al ser entrevistada por este semanario, Gómez Gallardo destaca que casos como los mencionados –“puestos de moda” por Marta Sahagún– permiten documentar que en México se puede agredir “desde la ley” a medios y a periodistas incómodos.
Ello es posible, argumenta, cuando los demandantes –por lo general figuras públicas– recurren a leyes anacrónicas como la de Imprenta y la de Radio y Televisión, así como a códigos civiles y penales de los estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor –entre los que se encuentran la difamación, la calumnia y la injuria–, lo que indica que la derogación de los mismos establecida por la reforma al Código Penal Federal del 6 de marzo de 2007 es una mera simulación.
La investigadora considera que la administración calderonista ha utilizado de manera discrecional el otorgamiento de publicidad gubernamental para premiar o castigar a medios de comunicación. Y puede hacerlo, explica, debido a que no existe una ley que regule y dé transparencia a la asignación de recursos públicos destinados a la promoción del quehacer estatal.
El presidente abusa de esta atribución “en busca de exterminar a los medios incómodos, y Proceso es claro ejemplo de ello. Además, no canaliza esos recursos económicos a los competidores, sino que los destina para fortalecer al duopolio televisivo”. Y aquí, puntualiza, “no se está rompiendo ni violando la ley; se está haciendo un uso abusivo de ésta. En cambio, cuando quieres defender a un periodista, no hay manera”.
–¿Cuáles son esos casos? –se le pregunta.
–Cuando son víctimas de agresiones, desapariciones y homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp), dependiente de la Procuraduría General de la República, no cuenta con facultades, recursos ni personal para cumplir con su función. Y cuando se hace la investigación no se agota la línea de atentado a la libertad de expresión, no se investiga qué publicaba (el periodista), que había publicado, qué iba a publicar, a qué intereses estaba afectando. Siempre meten la pista falsa: un crimen pasional, un accidente o que la víctima sólo pasaba por ahí.
En el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, añade, las autoridades atribuyen los crímenes contra periodistas al crimen organizado, sin esclarecer los hechos. Se olvidan de que “cuando un periodista deja de publicar por una agresión, no sólo se violan sus derechos, sino que perdemos todos el derecho al conocimiento que nos iba a transmitir”.
Afirma que en muchos casos las organizaciones criminales atacan a los medios de comunicación cuando “se empiezan a documentar los vínculos del narcotráfico con la corrupción del gobierno”. Así lo han confirmado, dice, investigaciones realizadas por agrupaciones como la Fundación Manuel Buendía, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, entre otros.
Señala que el gobierno de Calderón, así como el de Vicente Fox, se han caracterizado por un incremento en las acciones contra la libertad de expresión, lo que no excluye el hecho de que los gobiernos priistas ejercieron un control férreo en los medios, al punto de que no había pluralidad en ellos.
Sin embargo, aclara, en la actual administración el aumento de los ataques contra periodistas no tiene precedente. Y refiere que en el más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía, presentado el pasado 21 de julio, se consigna que durante los primeros dos años de los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox se registraron seis asesinatos de periodistas, respectivamente, mientras que en el caso del régimen calderonista esta cifra ascendió a 17 en el mismo lapso.
Sostiene que la impunidad que ha prevalecido en cuanto a las agresiones a periodistas y medios ha dado lugar a la autocensura, sobre todo en el norte del país, e inhibido las denuncias sobre amenazas.
Gómez Gallardo explica que ante la inoperatividad de la Feadp, instancia que descalifica las denuncias presentadas por diferentes agrupaciones, decidió, en colabo­ración con Omar Raúl, de la Fundación Buendía, y Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras, “hacer una revisión metodológica, depurar los casos, clasificarlos en dos tipos de agresiones, directas e indirectas, y categorizarlas en términos adecuados para el tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa”.
De este proyecto surgió el libro referido, en el que clasificó 869 agresiones a periodistas y a medios de información ocurridas entre 2000 y el primer cuatrimestre de 2008. De este número, 591 corresponden a periodistas, 255 a medios, y 23 a ambos.
El trabajo coordinado por la investigadora de la UAM logró documentar en ese lapso de casi ocho años 42 asesinatos, ocho desapariciones forzadas, 147 agresiones físicas y 37 demandas entre los ataques más graves a periodistas. En lo que se refiere a los medios registró 24 demandas, 36 atentados, 57 amenazas y tres quejas de bloqueo publicitario."

¡Es un Honor Estar con Obrador!